Luzón subrayará la colaboración de Aldama en su escrito final: Si no fuera por él sería "desconocido" el papel de Santos Cerdán en la trama
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha indicado que su escrito de conclusiones definitivas del caso Koldo, al que ha tenido acceso El Independiente, pondrá especial énfasis en la colaboración del empresario Víctor de Aldama. Las modificaciones introducidas respecto al documento inicial y el contenido de las conclusiones provisionales refuerzan la idea de que una parte importante de los hechos investigados, así como la responsabilidad de ciertos cargos políticos, no se habrían conocido sin las revelaciones de Aldama.
El propio escrito reconoce que Aldama admite los hechos que se le imputan y que su testimonio ha sido clave para sostener la acusación. La Fiscalía destaca que el empresario “ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre”. Además, su declaración permitió describir “el inicio de la trama y el concierto entre ellos para adjudicar contratos o dictar resoluciones”, así como el pago de “importantes cantidades en efectivo”.
Valoración de la colaboración de Víctor de Aldama
La colaboración de Aldama no se limita a una confesión genérica. El fiscal subraya que el empresario también aportó documentación y pruebas que los investigadores desconocían hasta ese momento. “Ha entregado documentos que acreditan el inicio de relaciones con José Luis Ábalos que él mismo había negado”, señala el texto. Esta aportación estructural será resaltada de forma explícita en el informe final, en consonancia con lo ya anticipado en las conclusiones provisionales.
Fuentes jurídicas indican que Anticorrupción destacará que, sin el testimonio de Aldama, el papel de determinados actores en la trama habría permanecido “desconocido”. Entre ellos se menciona al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuya aparición en el procedimiento resultó particularmente sensible desde el punto de vista político.
En otro ámbito, durante la sesión del pasado lunes se habría producido una presunta orden de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Teresa Perales, para no rebajar la pena a Víctor de Aldama en el caso de las mascarillas. Según fuentes judiciales, Luzón pretendía aplicar un atenuante muy cualificado por colaboración que habría permitido reducir de forma significativa la solicitud de condena. Sin embargo, la jerarquía interna del Ministerio Fiscal obliga a los fiscales a acatar las instrucciones de sus superiores, aunque puedan reservar cierto margen en su exposición oral ante el tribunal.
Luzón finalmente siguió el criterio de la fiscal general y mantuvo la petición de siete años de prisión para Aldama, aunque en el escrito deja constancia de que valora su colaboración con la justicia como un elemento relevante.
El documento también deja claro que la aportación de Aldama no fue marginal, sino estructural para la causa. La Fiscalía sostiene que su relato ha permitido “corroborar” hechos relevantes mediante pruebas adicionales, como mensajes y documentos intervenidos. Algunos de esos documentos contenían anotaciones manuscritas atribuidas a Koldo García, cuya autenticidad fue confirmada por pericia caligráfica.
Además, las grabaciones incorporadas a la causa refuerzan esa línea. Se trata de “conversaciones relevantes” que encajan con lo declarado por Aldama y que fueron analizadas tanto acústica como electrónicamente, contribuyendo a construir un relato sólido sobre el supuesto funcionamiento de la organización criminal.
Según la Fiscalía, la trama se configuró como una estructura en la que Ábalos, Koldo García y Aldama actuaban de forma coordinada para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos. En este esquema, el empresario desempeñó un papel clave como intermediario y facilitador, además de ser conocedor directo de los mecanismos internos de la trama.
Esta posición explica el valor que Anticorrupción otorga ahora a su testimonio. Frente a la negativa de otros acusados, la versión de Aldama permitió abrir nuevas líneas de investigación y profundizar en conexiones que hasta entonces se desconocían, según explica Luzón.
El reconocimiento de la colaboración tiene también consecuencias jurídicas. El escrito contempla la aplicación de la atenuante de confesión para Aldama, lo que se traduce en una petición de pena inferior respecto a otros acusados. La Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión por organización criminal, más otras penas por cohecho y delitos relacionados.
Luzón pretende dejar claro que el avance de la investigación no puede entenderse sin la colaboración de Aldama, que iluminó zonas opacas del entramado y centró el foco en responsabilidades políticas que, de otro modo, habrían quedado fuera del alcance judicial.
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