María Jesús Montero y su 'accidente electoral' en Andalucía
El ambiente de desánimo dentro del PSOE es palpable a escasas horas de la apertura de las urnas en Andalucía. Los análisis internos indican que el partido podría quedar con 28 o 29 escaños, una cifra ligeramente superior a la obtenida en la última autonómica, pero todavía muy por debajo del histórico dominio que ejerció durante más de tres décadas.
En caso de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no alcance la mayoría absoluta y se sitúe en torno a los 53 o 54 escaños, los socialistas consideran que ese resultado sería suficiente para “salvar la cara” de la exvicepresidenta y candidata a la presidencia, María Jesús Montero.
Contexto y desafíos del PSOE en Andalucía
Montero, quien hasta hace poco fue número dos del Gobierno y sigue ocupando la segunda posición en la dirección del partido, se perfila como una de las principales figuras de una posible fase de transición del PSOE tras una derrota a nivel nacional. Su nombre había sido mencionado como posible sustituta de Pedro Sánchez en los momentos de reflexión interna que siguieron a la paralización del gobierno.
Sin embargo, la campaña de Montero ha enfrentado varios tropiezos. Uno de los más controvertidos fue la gestión de los accidentes laborales que culminaron con la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva mientras perseguían a una supuesta “narcolancha”. La falta de una respuesta contundente por parte de la candidata, que describió el suceso como un “accidente laboral”, provocó críticas tanto dentro como fuera del partido.
Otros incidentes que han tensado la relación entre el Gobierno y la Guardia Civil incluyen la destitución de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO tras un enfrentamiento con el ministro del Interior, la revocación de Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Mérida y la polémica falta de empatía mostrada hacia los familiares de los agentes fallecidos en Barbate.
Además, se ha señalado la existencia de una supuesta operación liderada por la socialista Leire Díez, conocida como “la fontanera de Ferraz”, cuyo objetivo sería neutralizar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO que dirige investigaciones vinculadas a dirigentes del PSOE y a la familia del presidente.
En el ámbito sanitario, Montero también ha recibido críticas por la sentencia del 8 de mayo del Tribunal Contencioso‑Administrativo de Sevilla, que condenó al Servicio Andaluz de Salud por un error en la detección precoz del cáncer de mama que provocó la muerte de una mujer en 2011, cuando ella era consejera de Sanidad.
Los sondeos internos del PSOE muestran una perspectiva poco alentadora: la probabilidad de superar los 25 escaños parece remota, mientras que el PP se sitúa en torno a los 54‑55 escaños. Ante este panorama, la cúpula del partido en Madrid y en la Casa del Alba ha iniciado una “operación de control de daños” orientada a proteger la imagen de Pedro Sánchez más que a rescatar la reputación de Montero.
Según los dirigentes del PSOE, el resultado autonómico no afectará al presidente, ya que las elecciones en Andalucía no constituyen un plebiscito nacional. Además, se subraya que el PSOE obtuvo un mejor desempeño en las elecciones generales de 2023 (33,48 % del voto) que en las autonómicas de 2022 (24,09 %).
Durante el mitin en Pulianas, la interacción entre Sánchez y Montero resultó distante; el presidente se mostró frío y mantuvo una cierta distancia con la candidata, lo que no pasó desapercibido para los asistentes.
Ante la posible derrota, Montero deberá asumir la responsabilidad política en Andalucía al menos hasta las próximas elecciones municipales o generales, ya que el presidente no le concederá el regreso a su anterior cargo en la Comisión de los Asuntos Económicos (MIR). Este castigo interno refleja la creciente tensión entre la líder andaluza y la cúpula del partido.
Si bien Montero no es el “Ferrari” que el PSOE necesita para derrotar a Moreno, tampoco es la única responsable del mal resultado. La derrota en Andalucía se enmarca dentro de una tendencia que ya se había observado en otras regiones como Extremadura, Aragón y Castilla‑León, y se ve agravada por decisiones estratégicas del partido a nivel nacional, incluida la priorización de políticas en Cataluña para contentar a ERC.
En definitiva, la derrota en Andalucía no puede atribuirse exclusivamente a la candidatura de Montero; es el reflejo de una crisis estructural del PSOE que, según analistas, se ve dificultada por una estrategia de polarización que limita su capacidad de ampliar la base social y convertir al partido en una fuerza mayoritaria.
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