Marlaska se enfrenta a una difícil cita europea para responder si la inteligencia española advirtió del asalto a Ceuta
Fernando Grande‑Marlaska, ministro del Interior, ha tenido que responder ante sus homólogos europeos tras el asalto masivo a la ciudad autónoma de Ceuta, una crisis que, aunque inicialmente se ha presentado como un problema migratorio, también plantea serias cuestiones de soberanía y de vulneración de las fronteras españolas y, por extensión, de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describió el hecho como una “violación de la integridad territorial de España”. A pesar de la gravedad del incidente, no se ha convocado un comité de crisis en Moncloa ni se ha solicitado la comparecencia de la embajadora de Marruecos en Madrid, a pesar de que algunos socios de coalición, como Izquierda Unida, habían pedido ambas medidas.
En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Grande‑Marlaska adoptó un tono más bajo, pero crítico, respecto al “apoyo muy limitado” de varios países europeos, señalando especialmente la decisión de Italia de suspender el espacio Schengen con España. El ministro defendió que España mantiene una política migratoria responsable, solidaria con el resto de los Estados miembros y comprometida con el control de las fronteras europeas y con la debida diligencia, según fuentes del Ministerio del Interior.
Datos sobre la reducción de flujos migratorios
El titular del Interior destacó que, según las cifras oficiales, España ha conseguido reducir los flujos migratorios irregulares en más de un 42 % en 2025 y, hasta el 16 de julio de 2024, el descenso acumulado se sitúa alrededor del 25 % a nivel nacional. En el caso de las Islas Canarias, los arribos han disminuido en más del 60 % respecto al periodo anterior, datos que el propio ministerio pone a disposición del público.
Grande‑Marlaska también reiteró que Marruecos sigue siendo un “socio leal” en la lucha contra la inmigración ilegal, subrayando la “estrecha colaboración basada en la confianza mutua”, que se extiende a la cooperación policial y a otros ámbitos de seguridad.
Al mismo tiempo, se ha puesto de relieve la necesidad de aclarar la posición de la UE respecto a la situación de Ceuta y Melilla. Aunque algunos gobiernos europeos habían insinuado que dichas ciudades no forman parte del espacio Schengen, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó en su página web que, al contrario, sí están integradas en el sistema Schengen, aunque con ciertas particularidades propias de su condición de enclaves fronterizos.
En la próxima videoconferencia con los ministros de Interior europeos, se preguntará a Grande‑Marlaska si los servicios de inteligencia de la Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y el CNI (este último dependiente del Ministerio de Defensa) tenían conocimiento previo del asalto. La falta de información anticipada ha generado dudas sobre la vulnerabilidad de la ciudad autónoma, que Marruecos reclama como propia, con el respaldo de aliados internacionales.
Una carta conjunta de 22 primeros ministros europeos, emitida tras los acontecimientos, criticó enérgicamente la “regularización masiva de inmigrantes” y advirtió que los cruces descontrolados y la instrumentalización de la migración pueden crear la percepción de que es posible ingresar ilegalmente a la UE. La misiva, firmada por gobiernos como Dinamarca y Malta, no contó con la firma de Francia ni de Portugal, a pesar de sus fronteras terrestres con España.
Los socios europeos han enfatizado que, más allá de la actuación de Marruecos, corresponde a España garantizar la integridad de la frontera sur de la UE que se encuentra en su territorio. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegan por mar, se considera que el escenario debería haberse previsto y que la difusión de imágenes del asalto podría servir de “gasolina para la ultraderecha”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha criticado la “sincronización” de lo que calificó como “reacción internacional reaccionaria” de algunos países europeos, acusándolos de difundir rápidamente información falsa y de exonerar a Marruecos de cualquier responsabilidad. Estas declaraciones fueron recibidas con descontento por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y por su homóloga danesa, la socialista Pia Olsen Dyhr, co‑firmantes de la carta de los 22 primeros ministros.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la actuación de los servicios de inteligencia y exigió que se investigue a fondo quién “consintió” la avalancha migratoria. Robles señaló que los cuerpos bajo su dependencia y los que dependen de Grande‑Marlaska realizaron su labor informando de la amenaza, considerándola el ataque más grave a la integridad territorial de España y, por extensión, a la seguridad europea.
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