Marlaska, un ministro incompetente e indigno

El Gobierno español intentó, sin éxito, deslindar a Marruecos de cualquier responsabilidad en el asalto que se produjo el pasado 30 de julio en la frontera de Ceuta. El intento quedó desmontado unas 24 horas antes de que el presidente Pedro Sánchez compareciera ante el Congreso para ofrecer su versión de los hechos.

En la entrevista concedida en la “Cena Ser” del lunes anterior, Sánchez había subrayado la colaboración de Marruecos en todo momento y había señalado a Israel, Rusia y a una supuesta multinacional como posibles responsables de lo que describió como “un ataque a la integridad territorial de España”. Esa misma formulación fue repetida el 31 de julio.

Informe del CENIF y reacciones del Gobierno

El martes, el Centro Nacional de Emigración y Fronteras (CENIF) entregó a la jueza María Tardón, encargada de la causa, un informe que describe la llegada de la primera oleada de inmigrantes a la frontera de Ceuta bajo escolta de policías marroquíes, quienes a su vez recibían órdenes de personas civiles. El documento, respaldado por videos tomados in situ, sostiene que el objetivo de la masiva entrada no era migratorio, sino “colapsar el sistema fronterizo español”.

Según el informe, la primera oleada llegó preparada con trajes de neopreno, aletas y otros equipos, y forzó la entrada por el paso de El Tarajal. Oleadas posteriores, con menos preparación, se sumaron al asalto, a pesar de que más de 100 personas perdieron la vida ahogándose en el mar.

La publicación del informe por parte de la periodista María Peral en El Español provocó la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, quien envió un escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, exigiéndole explicaciones sobre un documento que, según él, desconocía.

Esta actuación ha generado críticas sobre la gestión del ministro, que, a juicio de varios analistas, no ordenó una investigación exhaustiva el mismo día del asalto y, en cambio, adoptó desde el inicio una narrativa que minimizaba la implicación marroquí y presentaba los hechos como una mera crisis migratoria.

El propio gobierno ha alternado entre dos versiones contradictorias: por un lado, la de un ataque a la soberanía nacional; por otro, la de una crisis migratoria. Esta ambigüedad ha llevado a señalar tanto a redes criminales implicadas en la gestión de la migración como a países como Israel y Rusia, sin ofrecer una explicación clara del posible interés de estos en desestabilizar la frontera hispano‑marroquí.

La mayoría de los más de 72 000 inmigrantes que ingresaron en Ceuta el 30 de julio abandonaron el territorio al día siguiente por su propio pie, lo que, según críticos, no encaja con el perfil de personas que buscan establecerse de forma permanente en España.

Ante la falta de una investigación oficial inmediata, la jueza Tardón solicitó dos informes periciales, uno a la Policía y otro a la Guardia Civil, antes de decidir sobre la competencia de la Audiencia Nacional para examinar el caso como posible ataque a la soberanía española.

El informe del CENIF y la respuesta del ministro del Interior han reavivado el debate sobre la necesidad de que el responsable de la seguridad interior asuma la iniciativa investigadora. La falta de una investigación temprana y la exoneración de Marruecos desde el primer momento son consideradas por varios sectores como una muestra de incompetencia y falta de rigor institucional.

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, nombrado en 2018 y con un historial que incluye cargos en la administración regional de Castilla‑La Mancha, no ha sido acusado de irregularidades en la elaboración del informe, aunque su posición ha sido objeto de escrutinio político.

En este contexto, diversos analistas y voces del panorama político sugieren que la responsabilidad última recae sobre el ministro del Interior, cuya gestión ha sido señalada como la que ha generado la mayor parte de la controversia y la pérdida de credibilidad del Gobierno ante la ciudadanía.