Marta García Aller critica el giro de Europa en política migratoria: "También lo podríamos llamar campo de concentración de deportados"
En los últimos años la normativa migratoria europea ha experimentado un giro radical que ha normalizado medidas que, hasta hace poco, generaban gran controversia. Tres años atrás la entonces primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso que los países de la UE pudieran enviar a migrantes a “centros de retorno” fuera del territorio continental para acelerar los procesos de deportación, provocando un fuerte revuelo. Hoy esa idea forma parte de la agenda política de varios Estados miembros.

Cinco naciones de la Unión Europea —Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria— han llegado a un acuerdo para financiar la apertura, en Ruanda, del primer campo de deportación externo a la UE. La Comisión Europea ha respaldado la iniciativa y el centro está previsto para comenzar sus operaciones en 2027.
Objetivos y críticas del acuerdo con Ruanda
Los gobiernos firmantes argumentan que el mecanismo busca garantizar la efectividad de las órdenes de retorno, que actualmente sólo el 20 % de los individuos con orden de expulsión cumplen. Según sus portavoces, la medida permitiría a la UE “enviar una señal contundente” sobre el control de la migración irregular y reforzar la seguridad interior. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el proyecto implica trasladar a personas a un país cuyo historial en materia de derechos fundamentales ha sido cuestionado, lo que podría vulnerar normas internacionales y el derecho comunitario.
El acuerdo también se enmarca dentro de un contexto más amplio de desafíos demográficos y de integración. Europa enfrenta una población envejecida y, a la vez, un sistema de atracción de inmigrantes legales que, según críticos, necesita reformas para ser más eficaz y digno.
En paralelo, Italia ha intentado establecer centros de acogida en Albania, pero la iniciativa no ha logrado la ocupación prevista y, según los propios impulsores, todavía no ha contribuido a reducir el flujo migratorio. Algunos analistas describen estos espacios como “campos de concentración de deportaciones”, subrayando la carga simbólica de la medida frente a su efectividad práctica.
El debate se intensifica en la coyuntura electoral. Con solo 13 días restantes para las elecciones generales, el partido Vox mantiene su posición firme en la agenda migratoria, prometiendo una política de “cero inmigración” que incluye la ampliación de los centros de deportación y la expulsión de inmigrantes que, según el partido, supuestamente representan una amenaza para la seguridad y la cohesión social.
La situación migratoria ha vuelto al centro del debate también en el archipiélago canario. En los últimos días, la isla de El Hierro, con una población de alrededor de 12 000 habitantes, ha recibido más de 3 000 personas procedentes de embarcaciones de poca escala, entre ellas mujeres y niños. Las ONG locales han denunciado la falta de recursos para atender a los recién llegados, y el número de rescates registrados este fin de semana ha batido récords, sin que se conozca la cifra exacta de fallecidos durante el trayecto.
Desde el inicio de noviembre, se estima que unas 10 000 personas han arribado a las Islas Canarias, lo que ha generado una presión sin precedentes sobre los servicios de acogida y atención social de la región. El Gobierno autonómico ha solicitado reiteradamente ayuda al Ejecutivo central, pero, según sus declaraciones, la respuesta sigue siendo insuficiente.
En medio de la crisis, los partidos de derecha, y en particular Vox, han intensificado su campaña en Tenerife, intentando capitalizar la percepción de inseguridad que la ola migratoria genera entre algunos electores. El líder del partido, Santiago Abascal, ha señalado la necesidad de “trazar un perfil del inmigrante irregular que inspire miedo”, una afirmación que contrasta con los datos oficiales, los cuales indican que el migrante irregular típico es una mujer entre 25 y 40 años, con hijos, que llega legalmente como turista y luego busca regularizar su situación laboral en medio de un proceso burocrático complejo.
La situación de Ceuta, aún sin una solución definitiva, y los recientes incidentes en El Hierro reflejan la presión que la crisis migratoria ejerce sobre la agenda política española y europea, mientras los partidos buscan posicionarse ante un electorado cada vez más sensibilizado por la cuestión migratoria.
Mira tambien:


Deja una respuesta