Moncloa no ve "motivo alguno para imputar al PSOE ni a Sánchez" en el 'caso Leire Díez'
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha iniciado la fase de instrucción del caso que investiga una presunta red criminal en Ferraz, en la que, según la acusación, estarían implicados el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, quien habría actuado como "manos ejecutora" y "fontanera" de la trama.
En el primer auto dictado, el magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ordenó el envío de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre los citados se encuentra la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que deberá declarar el 10 de julio.
Desarrollo de la causa y posibles imputaciones
El juzgado también ha citado a la abogada Leticia de la Hoz, imputada por presunto soborno a la empresaria Carmen Pano, con el objetivo de que cambiara su versión sobre una supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo al cuartel general del partido a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Además, el sumario incluye la imputación de Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, promovida al cargo por Cerdán en 2021. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Leire Díez se reunió en al menos tres ocasiones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, encuentros que González ha reconocido tras la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska.
Las investigaciones podrían derivar en la imputación del PSOE como persona jurídica, lo que, de confirmarse, tendría graves consecuencias para la formación. Asimismo, se baraja la posibilidad de imputar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque para ello Pedraz tendría que presentar indicios suficientes que justifiquen elevar el caso al Tribunal Supremo, competente para decidir sobre la investigación al jefe del Ejecutivo y, en caso afirmativo, solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso.
Fuentes de la Moncloa, sin embargo, aseguran que no existen indicios que vinculen a Sánchez con Leire Díez ni pruebas que demuestren la existencia de una trama que implique al partido. Según sus declaraciones, Cerdán habría intentado montar una red para protegerse personalmente, recurriendo a la ayuda de Díez.
El Gobierno ha reiterado su postura mediante la portavoz Elma Saiz, quien afirmó que Pedro Sánchez nunca conoció ni avaló las acciones de la exmilitante y que, de haber sabido de ellas, no las habría tolerado. Saiz recordó el compromiso del Ejecutivo con la "tolerancia cero contra la corrupción" y la colaboración con la Justicia, citando el plan de medidas anticorrupción presentado por Sánchez en julio del año pasado. No obstante, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, pieza clave del plan, aún no ha sido presentado al Congreso.
El Ejecutivo también ha expresado su total confianza en Mercedes González y en Cristina Narbona. Un alto cargo del Gobierno describió la moralidad de Narbona como "intachable" y aseguró que nunca ha intervenido en ningún hecho ilícito. En el informe de la UCO se constata que Narbona mantuvo una conversación por WhatsApp con Leire Díez el 24 de abril de 2024, en la que se discutieron estrategias para "reconducir" los ataques al presidente y ofrecer "ayuda cualificada".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto Saiz como el ministro de Transportes, Óscar Puente, evitaron referirse directamente a la citación de Narbona, aunque fuentes de la Moncloa aseguraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
Un miembro del Ejecutivo, hablando en tono más informal, calificó a Leire Díez de "tentativa inidónea", argumentando que la exmilitante carecía de capacidad para influir en los hechos y que, en su opinión, no debería considerarse una amenaza para la integridad del partido.
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