Moncloa vuelve a negar una reunión de Sánchez con Corvillo y cuestiona la "prudencia" de la Justicia en pleno periodo electoral
En la madrugada del jueves 12 de noviembre, día en que concluía la precampaña y comenzaba la campaña oficial para las elecciones generales del 29‑N, se produjeron una serie de actuaciones judiciales que la Moncloa calificó de “no habituales” en periodos electorales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en el Tribunal de Cuentas por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, dentro del sumario sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE, y también acudió al Ministerio de Igualdad para solicitar información acerca de una presunta irregularidad en la adjudicación de fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato, investigación iniciada por la Fiscalía Europea el año pasado.
En paralelo, la UCO difundió un informe en el que el empresario Cristian Corvillo —etiquetado por algunos medios como antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, aunque la propia defensa de Sánchez lo niega— aseguraba haber mantenido una reunión privada con el presidente el 20 de abril de 2023 en Córdoba. Corvillo había enviado al comisionista Víctor de Aldama el mensaje: “Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo una reunión privada con él. Me ha llamado Óscar López (entonces director de Gabinete)”. La información fue contrastada y desmentida por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien recordó que el propio presidente había declarado que “esa reunión nunca se produjo” y que “no tiene nada que ver con esas personas”.
Reacciones del Ejecutivo ante la oleada judicial
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que se aprobó el decreto‑ley de revalorización de pensiones y la creación de 500 nuevas plazas de magistrados y 200 de fiscales, el presidente del Gobierno y su equipo fueron interrogados sobre la acumulación de procesos judiciales. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reiteró su confianza en la imparcialidad y profesionalidad de los órganos judiciales, calificando la “norma no escrita” que habitualmente impide decisiones judiciales de gran impacto político durante campañas electorales como “muy prudente” y “respetuosa con los procesos en curso”.
Elma Saiz, por su parte, subrayó que la Moncloa había dejado clara desde antes que Cristian Corvillo no era el conductor oficial de Sánchez ni en 2017 ni en fechas posteriores, y que, en caso de haber sido un conductor ocasional, el entonces director de Gabinete, Óscar López, “no conoce” a Corvillo. Además, recordó que el presidente sí estuvo en Córdoba el 20 de abril de 2023 para asistir a un acto institucional, pero que esa visita no implicó ningún encuentro privado.
En cuanto a la investigación contra Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta y dimitido el 28 de septiembre, la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional le citó para declarar el 18 de noviembre, en plena campaña, por su presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes a la ciudad autónoma.
Fuentes cercanas al Ejecutivo expresaron su malestar por la coincidencia de estas actuaciones, señalando que “todo el mundo tiene ojos en la cara” y que “las coincidencias y los tiempos resultan llamativos”. Aseguraron que, en procesos electorales anteriores, no se había registrado una concurrencia tan intensa de decisiones judiciales al inicio de la campaña, y reiteraron su disposición a colaborar con la justicia en todo momento.
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