Multas de hasta 50.000€: la severa prohibición que afecta a los dueños de perros y gatos
Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, poseer un perro o un gato en España implica cumplir con una serie de obligaciones legales mucho más exigentes que hace unos años. La norma, impulsada con el objetivo de frenar el abandono, profesionalizar la cría y erradicar el mercado clandestino de cachorros que circulaba en anuncios informales y redes sociales, establece nuevas responsabilidades tanto para propietarios como para criadores.
Prohibición y sanciones por cría no autorizada
El aspecto más mediático de la ley es la prohibición de la cría de perros y gatos por parte de particulares que no estén inscritos en el registro oficial de criadores de animales de compañía. El cruce ocasional entre la perra de un vecino y la del otro, aunque sea sin ánimo de lucro, pasa a ser una conducta sancionable si el propietario no está registrado como criador.
Cuando un particular permite que su mascota tenga crías sin la autorización correspondiente, la infracción se tipifica como grave. La sanción económica para este tipo de infracciones oscila entre 10 001 € y 50 000 €, dependiendo de factores como la reincidencia, el número de animales involucrados o la existencia de ánimo de lucro.
Si la reproducción se convierte en una actividad sistemática —por ejemplo, crías frecuentes, venta habitual o anuncios públicos de cachorros— la conducta puede escalar a infracción muy grave, con multas que van de 50 001 € a 200 000 €, a las que se pueden añadir sanciones accesorias como la retirada de los animales, la inhabilitación para poseer o criar mascotas y, en su caso, el cierre de instalaciones.
En resumen, la “cama por ilusión” ya no es un asunto menor; la ley la trata como una infracción con consecuencias económicas significativas.
Además de prohibir la cría casera, la Ley de Bienestar Animal establece un catálogo de obligaciones para los propietarios de perros y gatos, que conviene conocer para evitar sanciones.
Obligaciones principales para los propietarios
- Inscripción de la mascota en el registro municipal correspondiente.
- Garantizar la alimentación, atención veterinaria y condiciones de vida adecuadas.
- Prohibición de abandonar o desamparar al animal.
- Obligación de identificar y registrar a la mascota mediante microchip.
- Denunciar cualquier caso de maltrato o abandono a las autoridades competentes.
La normativa convierte al animal de compañía en un sujeto de protección jurídica con derechos que el propietario debe garantizar. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas considerables, reforzando la idea de que la tenencia responsable es ahora una cuestión legal además de afectiva.
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