Objetivo, salvar a Chaves y Griñán: el plan de Leire Díez para demoler a la UCO y a la jueza Alaya
Leire Díez, exmilitante del PSOE, diseñó un plan estratégico durante varias reuniones con Rafael Salvor Moreno, antiguo jefe de la Policía Judicial de Sevilla que investigó el caso de los ERE y que finalmente fue apartado de la causa. Las grabaciones de estos encuentros, obtenidas por El Independiente, revelan cómo la dirigente intentaba construir un relato alternativo para deslegitimar las investigaciones de corrupción más relevantes en Andalucía.
Según las conversaciones, el objetivo principal de Díez era desacreditar la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional, Mercedes Alaya, y la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el fin de reivindicar a los principales dirigentes del PSOE andaluz que habían sido condenados o investigados. La estrategia se enmarca dentro de la causa que investiga a Leire Díez y a otras personas denominadas “cloacas del PSOE”, acusadas de intentar desprestigiar a jueces, fiscales e investigaciones policiales.
Objetivos de la estrategia
Desde el primer encuentro, Díez dejó claro que centraba su actuación en el caso de los ERE porque, a su juicio, “es lo que tiene mollar”. Recurrió a la fórmula “cuatro cosas que me permitan dos impactos”, añadiendo que el resto lo desarrollaría en un libro que escribiría “a toda leche”. El proyecto editorial se concibió como punto de partida de una ofensiva mediática destinada a difundir su versión de los hechos.
El inspector que participó en las conversaciones, citado como testigo ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, declaró que Díez le presentó siempre sus peticiones como “búsqueda de información”. Cuando intentó implicarle en una trama más amplia, el inspector se negó y mantuvo su postura de colaborador puntual.
En el transcurso de las charlas, Díez acusó a la jueza Alaya de convertir investigaciones económicas en procedimientos de corrupción política para alcanzar a los máximos responsables de la Junta de Andalucía. Le pidió al inspector que le explicara por qué la magistrada había sido apartada de las investigaciones de los ERE y de la mina de Aznalcóllar, intentando establecer un patrón común entre ambas causas. La mención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y mano derecha de Díez, que también estaba investigado en el caso Aznalcóllar, sugiere el interés de la exmilitante por desestabilizar ese proceso judicial.
Díez llegó a plantear que las decisiones de Alaya coincidían con momentos políticamente sensibles, como la imputación del dirigente de IU Antonio Rodrigo Torrijos durante una campaña electoral, la reactivación del caso Aznalcóllar en plena negociación para formar Gobierno en Andalucía, o la imputación de Fernández antes de las elecciones generales de 2019. Ante la respuesta del inspector de que la jueza “tiraba de autos inventos para hacer política”, Díez replicó “Qué bonito”, reconociendo que esa frase reforzaba su mensaje.
El otro foco de la estrategia era la UCO. El inspector acusó a la unidad de la Guardia Civil de iniciar investigaciones “al revés”, partiendo de una conclusión para buscar posteriormente los indicios que la respaldaran, y afirmó que Alaya recurrió a la Benemérita para contar con un cuerpo policial que apoyara su línea de actuación. Díez recopiló estas declaraciones para construir un discurso que desmintiera los informes que sustentaron las condenas de los ERE y otras macrocausas andaluzas.
Leire Díez también dejó claro que el libro no sería el único vehículo para difundir su versión. Señaló que ya había contactado con distintos medios y que, tras una cena en Río, le habían preguntado si podía contar parte de la investigación en antena. “Me llaman… yo no tengo ningún problema”, declaró, indicando su intención de combinar la publicación del libro con impactos mediáticos que instalaran su relato en el debate público.
En resumen, las conversaciones demuestran que Díez no buscaba únicamente recopilar información sobre las investigaciones judiciales en Andalucía, sino elaborar una ofensiva política y mediática destinada a cuestionar el origen de las condenas de los ERE, desacreditar a la jueza Mercedes Alaya y a la UCO, y presentar a dirigentes como Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías o Vicente Fernández como víctimas de una operación judicial contra el socialismo andaluz.
Mira tambien:
Deja una respuesta