Pedraz da dos días al PSOE para que entregue el listado de abogados y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha vuelto a instar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a que entregue la documentación relativa a los despachos de abogados y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025. La medida quedó reflejada en una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso El Independiente, en el marco de la investigación de un presunto delito de tráfico de influencias.

Pedraz dirigió el requerimiento al Servicio Jurídico del PSOE, recordando que la petición había sido ya comunicada el pasado 6 de octubre. En concreto, el juez solicita un listado exhaustivo de los despachos profesionales de abogacía y consultoría con los que el partido haya suscrito contratos, tanto a nivel central como territorial, durante el período señalado. Asimismo, exige copias de los expedientes o documentos que acrediten la finalidad de cada contratación, incluidas las notas de encargo, los contratos y las autorizaciones pertinentes, así como la prueba de que los servicios fueron efectivamente prestados.
Contexto de la investigación
El juez señala que, transcurrido el plazo establecido desde el primer requerimiento, el PSOE no ha remitido la información solicitada. No obstante, Pedraz ha precisado que la entrega deberá respetar el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a excluir aquellos datos que pudiera considerar incriminatorios, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía.
Esta diligencia forma parte de la instrucción del llamado “caso Leire Díez”, en el que se investiga una supuesta trama destinada a desestabilizar procesos judiciales que afectan tanto al PSOE como al Gobierno. Según las pesquisas, la red estaría encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al expediente, indica que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, habría sido la responsable de falsificar dos notas de encargo profesional bajo las directrices de Cerdán y con la mediación de Díez. Una de esas notas estaría vinculada al despacho de abogados de Ismael Oliver, exasistente del exasesor ministerial Koldo García, y la otra al despacho de Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán; ambos despachos figuran como investigados en el procedimiento.
Entre las líneas de investigación principales del magistrado figura también la posible utilización, por parte del PSOE, de sociedades mercantiles relacionadas con Oliver y con el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por sus presuntos servicios en la trama.
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