Peramato comparece en el Senado en plena tormenta por las reuniones con Leire y los expedientes a dos fiscales de Plus Ultra
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, compareció a las 11:00 horas de este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado, a petición del Partido Popular (PP). La sesión estuvo destinada a que la titular explique su política de nombramientos, el discurso sobre la necesidad de “sanar las heridas abiertas” en el Ministerio Público y la compatibilidad entre la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la institución con la defensa del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en diciembre por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados.
La comparecencia se produce en un contexto de tensión interna en la carrera fiscal, alimentada por dos hechos recientes: las reuniones del exdirigente de la Fiscalía, Diego Villafañe, con la exmilitante socialista Leire Díez, y la apertura de expedientes disciplinarios contra dos fiscales vinculados a la investigación del rescate de Plus Ultra.
Reuniones de Leire Díez con la Fiscalía General
La Fiscalía General reconoció la semana pasada que Diego Villafañe, quien fuera subdirector de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz dirigía la institución, mantuvo dos encuentros con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Según la versión del Ministerio Público, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó investigar esas reuniones, que habrían tenido lugar en la sede de Fortuny junto a la socia de Díez, Javier Pérez Dolset, y al abogado Ismael Oliver, entre abril de 2024 y junio de 2025.
La primera reunión tuvo lugar el 6 de marzo de 2025, cuando Díez y Teijelo se reunieron con Villafañe y con la entonces fiscal de la Secretaría Técnica, Beatriz López, para comunicarles hechos que podrían tener relevancia penal. El segundo encuentro se realizó a finales de marzo y principios de abril. En ambas ocasiones, el abogado presentó a la presunta “fontanera” del PSOE como “una compañera” de su despacho, según informó la Fiscalía.
Las organizaciones de fiscales reaccionaron con dureza. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, calificó la respuesta institucional de “insuficiente y vaga” y cuestionó la celebración de reuniones con personas vinculadas a investigaciones penales dentro de dependencias de la Fiscalía. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exigió depurar responsabilidades, señalando el malestar acumulado tras la gestión de los últimos años y la situación procesal de García Ortiz. La semana pasada el Tribunal Supremo emitió un informe desfavorable a la concesión de indulto al exfiscal general.
En paralelo, se abrió un expediente disciplinario contra dos fiscales implicados en el caso Plus Ultra.
Expedientes disciplinarios a dos fiscales por el caso Plus Ultra
Los afectados son la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal María Luisa Llop, quien participó en las fases iniciales de la investigación y defendió en 2023 el archivo de las diligencias relacionadas con el rescate de la aerolínea. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogió en uno de sus atestados un intercambio de mensajes de mayo de 2023 entre el abogado Miguel Palomero —detenido en diciembre y actualmente investigado por blanqueo de capitales y organización criminal— y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de Plus Ultra.
En la conversación, Palomero informó a Reyes que al día siguiente preguntaría “de la jueza del 15, cómo es”, refiriéndose a la magistrada Esperanza Collazos, del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que había acordado diligencias para investigar el rescate. Continuó diciendo: “La instrucción es muy importante”, y añadió que la jueza “no era la única vía de acceso a las pesquisas: la fiscal jefa es amiga”. Ese comentario se interpretó como una referencia a Pilar Rodríguez, quien entonces era la fiscal jefe provincial. Palomero concluyó: “Hay que cortar esto”, a lo que Reyes respondió “absolutamente” y le instó a hablar con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
El expediente se basa en una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa y se sustenta en los informes policiales que recogen las conversaciones, donde se aluden a posibles influencias externas en la actuación del Ministerio Público. Según fuentes jurídicas consultadas, la Inspección Fiscal deberá determinar si las decisiones adoptadas respondieron estrictamente a criterios jurídicos o si existieron factores ajenos a la independencia funcional.
Las fuentes subrayan que, por el momento, el procedimiento es “meramente burocrático”. El trámite sigue lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que obliga a remitir a la Inspección cualquier denuncia relativa a la actuación de miembros del Ministerio Público. La Inspección valorará si procede abrir diligencias o archivar el caso.
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