Peramato rechaza pronunciarse sobre las reuniones con Leire o el 'caso Plus Ultra' ante el Senado: "Son causas en trámite"
La fiscal general del Estado, Teresa Pereda, ha rehusado este viernes responder a las preguntas sobre el «caso Leire Díez» y el «caso Plus Ultra» durante su comparecencia ante el Senado, aduciendo que se trata de procesos judiciales en curso que obligan al cumplimiento del deber de reserva. “Se ha insistido en solicitar información sobre procedimientos penales en trámite. Me da igual que sea Plus Ultra o Leire; son causas que están en curso y cualquier fiscal o parte del proceso está jurídicamente obligada a respetar la reserva”, ha subrayado ante la Cámara Alta.
Pereda fue citada por el Partido Popular a la Comisión de Justicia para rendir cuentas sobre su gestión al frente de la Fiscalía, su discurso de toma de posesión –en el que hizo un llamamiento a «sanar las heridas» de la institución– y su postura respecto a la defensa del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en diciembre por el Tribunal Supremo.
Dos frentes que tensionan a la Fiscalía
Desde el inicio de la sesión se han abordado los dos temas que más han polarizado la carrera fiscal en las últimas semanas. Por un lado, las reuniones del que fuera “mano derecha” de García Ortiz, el fiscal Diego Villafañe, con la exmilitante socialista Leire Díez. Por otro, la apertura de expedientes administrativos a dos fiscales en el marco de la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra: la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal María Luisa Llop.
En relación con ambos casos, la fiscal general ha reiterado que su negativa a entrar en detalles obedece a la obligación legal de preservar el secreto de las actuaciones en curso, indicando que no le corresponde hacer valoraciones desde su posición institucional sobre investigaciones que siguen su curso en la Audiencia Nacional. “No puedo hacer ningún tipo de observación ni comentario respecto a ningún procedimiento. No es el momento para hacerlo”, ha añadido la máxima autoridad del Ministerio Fiscal.
Pereda también ha aprovechado su intervención para responder a las críticas que se le han dirigido al papel de la Fiscalía y a las insinuaciones de posible vinculación con supuestas tramas criminales. “Se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal. Es una falta de respeto absoluto a la institución que represento”, ha afirmado, defendiendo que los fiscales actúan con rigor, imparcialidad, autonomía y estricto apego a la legalidad, y advirtiendo que tales acusaciones “ponen el trabajo de los 2.800 fiscales a los pies de los caballos”.
En su discurso de toma de posesión del pasado 11 de diciembre, Pereda explicó que la referencia a «sanar heridas» respondía a un diagnóstico institucional en un momento de especial sensibilidad interna y externa, y formaba parte de una llamada al trabajo conjunto, la lealtad y la cohesión dentro de la carrera fiscal. “Cuando hablé de la necesidad de sanar una herida institucional, lo hice convencida de que las instituciones sólidas no son las que niegan las tensiones, sino las que saben afrontarlas con responsabilidad, transparencia y cohesión”, sostuvo.
Resulta pertinente recordar que, dos semanas antes de la toma de posesión de Pereda, Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a una multa y a dos años de inhabilitación por la filtración de datos relativos a la causa del empresario Alberto González Amor, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La fiscal general ha reiterado que su mandato está orientado a reforzar la confianza en la Fiscalía, tanto interna como externamente, mediante la coherencia en los criterios jurídicos, el fortalecimiento de consensos y una mayor transparencia en la actuación del Ministerio Público, siempre dentro de un marco “estrictamente jurídico”. En materia de nombramientos, ha subrayado que las decisiones responden exclusivamente a criterios de mérito, capacidad y adecuación al puesto, defendiendo el margen de apreciación del titular de la Fiscalía General dentro de los límites del control jurisdiccional.
En relación con el «caso Leire Díez», la Fiscalía confirmó que Diego Villafañe, exfiscal de la Secretaría Técnica cuando dirigía la institución García Ortiz, sostuvo dos reuniones con la exmilitante Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, presunto integrante de una trama destinada a “tumbar” causas judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno. La primera reunión tuvo lugar el 6 de marzo de 2025 en la sede de la Fiscalía General del Estado, con la presencia de la entonces fiscal de la Secretaría Técnica, Beatriz López, para trasladar la existencia de hechos “con posible relevancia penal”. La segunda se celebró a finales de marzo o inicios de abril, en la que el abogado presentó a una presunta «fontanera» del PSOE como «una compañera» de su despacho.
Respecto al «caso Plus Ultra», se ha abierto un expediente administrativo a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, quien intervino en las fases iniciales de la investigación y defendió en 2023 el archivo de las diligencias relacionadas con el rescate de la aerolínea. Según fuentes jurídicas, dichos expedientes son de carácter preliminar y meramente burocrático. Uno de los documentos incorporados a la causa incluye un intercambio de mensajes de mayo de 2023 entre el abogado Miguel Palomero —detenido en diciembre bajo investigación por blanqueo y organización criminal— y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de Plus Ultra. En esos mensajes, Palomero hacía referencia a la juez que había abierto diligencias sobre el rescate, comentando que “la fiscal jefa es amiga” y sugiriendo que “hay que cortar esto”, a lo que Reyes respondía “absolutamente” e instaba a contactar al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
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