Protestas en Albania: un país entre los resorts de la familia Trump, la mirada de la UE y el hartazgo ciudadano
El bulevar Dëshmorët e Kombit, corazón de la capital albanesa, se ha convertido en el epicentro de una serie de protestas que ponen en jaque al gobierno de Edi Rama. La jornada se ha visto marcada por el uso de gases lacrimógenos, barricadas y enfrentamientos que amenazan la estabilidad del ejecutivo.
El detonante de la movilización se encuentra en un polémico proyecto urbanístico en la costa jónica. A través de la firma de inversión Affinity Partners, Jared Kushner, yerno del expresidente de EE. UU., Donald Trump, llegó a un acuerdo con el gobierno de Rama para desarrollar la isla de Sazan y las áreas circundantes de Zvërnec, junto a la laguna de Narta. La operación, valorada en más de 1.400 millones de euros, ha sido calificada por los colectivos ecologistas como la “Revolución de los Flamencos”, en referencia a las especies protegidas que anidan en la zona.
Contexto y origen de la movilización
Para posibilitar el proyecto, el Parlamento albanés aprobó una controvertida reforma a la Ley de Áreas Protegidas (modificaciones a la Ley n.º 81/2017), que introduce la figura de “inversión estratégica” y facilita la desregulación de suelos preservados. La medida ha generado una fuerte indignación entre los jóvenes, que ya enfrentan una precariedad salarial y el encarecimiento de la vivienda. Según datos de Eurostat, el salario medio ronda los 540 euros al mes, lo que dificulta el acceso a los nuevos desarrollos inmobiliarios.
“¿Cómo voy a permitirme alquilar un piso en una de esas torres con un sueldo de 540 euros? Compartimos piso con gente que ni conocemos porque nuestras familias ya han emigrado. Estamos agotados”, explicó Santa, estudiante de 22 años, en declaraciones recogidas por el medio croata Moj Kraj.
El descontento se ha ampliado más allá de la cuestión medioambiental y habitacional. Las asambleas estudiantiles, que inicialmente exigían mejoras en la educación pública, han unido sus demandas a las de los movimientos ecologistas, creando una coalición que agrupa a diversos sectores de la sociedad civil.
El gobierno de Rama busca consolidar un vínculo directo con el entorno de Trump, lo que ha generado fricciones con Bruselas. Albania está en una fase crítica de su proceso de adhesión a la Unión Europea, cuyo avance depende del cumplimiento de estándares comunitarios en materia ambiental y de separación de poderes. Los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho han señalado preocupaciones por la opacidad en las decisiones judiciales, la proliferación de asociaciones público‑privadas (APP) y la vulnerabilidad de la normativa medioambiental.
Expertos como Florian Bieber, del Balkans in Europe Policy Advisory Group (BIEPAG), advierten que acelerar concesiones a empresas estadounidenses antes de completar los requisitos de la UE coloca a Tirana “en el filo de la navaja”, comprometiendo su camino hacia la integración europea.
Durante la noche, las manifestaciones se tornan violentas. Grupos de la oposición se suman a la convocatoria, transformando el reclamo ecológico y estudiantil en una campaña abierta de desobediencia civil (mosbindje qytetare). Se han registrado ataques con cócteles molotov contra la sede del Consejo de Ministros y el Tribunal Supremo, a los que la policía ha respondido con cañones de agua y un amplio uso de gases lacrimógenos.
Las denuncias de abusos policiales han aumentado. El Defensor del Pueblo de Albania (Avokati i Popullit) ha enviado misiones de inspección a comisarías tras recibir reportes de detenciones arbitrarias de manifestantes jóvenes. Por su parte, la Agencia de Supervisión Policial (AMP) mantiene expedientes abiertos por presuntos excesos en el uso de proyectiles no letales en zonas residenciales.
Investigaciones de la Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) destacan que el descontento se ha extendido transversalmente a familias de clase media agobiadas por la inflación de alimentos y servicios básicos.
Las protestas ponen en evidencia la brecha entre la imagen de estabilidad que el gobierno de Rama proyecta en foros internacionales y la realidad de una ciudadanía cada vez más desencantada. El desenlace de la crisis dependerá de la capacidad del Estado para abrir canales de diálogo reales con las universidades y la sociedad civil, y de frenar el desmantelamiento de áreas protegidas que son patrimonio natural de Albania.
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