Rafa Latorre, sobre el caso mascarillas: "La corrupción política y organizada desde un Ministerio está carcomiendo nuestra democracia"
El informe final del fiscal anticorrupción sobre el caso de las mascarillas ha sido calificado como demoledor. Alejandro Luzón ha descrito una serie de pruebas que, según él, deberían condenar a José Ábalos y a Koldo como integrantes de una organización criminal. Según el fiscal, se trata de una corrupción estructurada y organizada que, proveniente de un ministerio del Gobierno de España, está socavando el sistema democrático.
Luzón ha señalado que, sin mencionar explícitamente al Estatuto del Ministerio Fiscal, el fiscal cuenta con una interpretación distinta a la de su jefa, Teresa Peramato. En su criterio, el tribunal debería aplicar a Víctor de Aldama la atenuante muy cualificada, lo que permitiría reducir aún más su pena y evitar que, por el momento, vuelva a ingresar en prisión. El fiscal justifica esta postura argumentando que, sin la colaboración de Aldama, habría sido imposible conocer la magnitud de la supuesta organización criminal que habría operado desde el Gobierno desde los primeros días del mandato de Pedro Sánchez.
Repercusiones y opiniones del fiscal
El fiscal subraya que, si a quienes colaboran con la justicia en casos de corrupción no se les reconoce y premia, se reforzaría la llamada “ley del silencio” dentro de las bandas criminales. Luzón también ha criticado la forma en que Aldama se refirió a Pedro Sánchez, describiendo su comentario como un exceso, pero reconoce la valiosa información aportada por el colaborador, que ha permitido desentrañar la compleja trama de adjudicación de obras públicas vinculada a la organización investigada. Según el fiscal, sin la colaboración de Aldama no se habría llegado a la figura de Cerdán.
Estas declaraciones contrarrestan la narrativa de quienes sostienen que “no hay pruebas”. El fiscal asegura que las pruebas en poder de la justicia son contundentes y que, de confirmarse, es probable que Koldo y Ábalos enfrenten prisión preventiva y una condena de cárcel. Además, Luzón advierte que la información revelada podría tener implicaciones más allá del caso de las mascarillas.
En otro frente, las autoridades sanitarias canarias se enfrentan a la amenaza de un brote de hantavirus. A pesar de la oposición del gobierno de Canarias, el barco portador del virus está programado para atracar en Tenerife, donde los 14 tripulantes españoles serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
La ministra de Sanidad, Mónica García, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han confirmado que los tripulantes que permanecen a bordo están asintomáticos, incluidos los españoles. El plan contempla que el barco llegue al puerto secundario de Granadilla de Abona; los pasajeros extranjeros serán repatriados mediante un mecanismo europeo de protección civil, mientras que los ciudadanos españoles serán evaluados y trasladados en avión militar a la base aérea de Torrejón y, de allí, al hospital mencionado.
Según la información disponible, la variante detectada es predominante en Iberoamérica y puede provocar un síndrome pulmonar grave con una tasa de mortalidad cercana al 40 %. La Organización Mundial de la Salud ha registrado un octavo caso y está rastreando a los 23 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena hace dos semanas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su descontento, alegando que el Gobierno central tomó decisiones sin consultar a la administración canaria, lo que considera un engaño. No obstante, el barco ya ha zarpado y, salvo incidencias, se espera que llegue a Tenerife dentro de tres días.
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