Tardón pide al delegado del Gobierno en Ceuta que aporte las alertas que recibió sobre la entrada masiva
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha centrado su investigación en la cadena de avisos que recibieron las autoridades antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En un auto del que ha tenido acceso El Independiente, la jueza solicita al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Prieto, y a otros organismos que entreguen todas las alertas, informes, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de una llegada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
La magistrada exige, además, que la documentación permita identificar a los destinatarios de cada alerta, así como la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta. Con ello, Tardón pretende reconstruir la información que manejaron las distintas administraciones en los días previos y posteriores a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, cuando falleció un centenar de migrantes.
Demandas de la magistrada y comparecencias previstas
El requerimiento a Pérez Prieto es solo uno de más de una decena que la jueza dirige a distintos organismos por el mismo motivo. Entre ellos se encuentran:
- Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos.
- Comisaría General de Información.
- Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica de la Policía Nacional.
- Varias unidades de la Guardia Civil especializadas en fronteras y vigilancia marítima.
- Ministerio del Interior.
- Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
- Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
- Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad.
Tardón también ha solicitado al Estado Mayor de la Defensa (EM) todas las imágenes satelitales, de drones y de los sistemas aéreos, marítimos y terrestres que pudieran haber captado entre el 20 de julio y el 7 de agosto la zona de la playa marroquí de Fnideq y la del “Trampolín” en Ceuta. Asimismo, pide al CEO de la empresa tecnológica HI IBERIA que informe de todas las solicitudes recibidas para obtener imágenes satelitales de esa misma zona a través de su herramienta SEDA, y que identifique a los solicitantes.
La reconstrucción de esa cadena de avisos implicará también la citación como testigos a personas con conocimiento directo de la información disponible antes de la entrada masiva. La magistrada ha citado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para el próximo 30 de septiembre, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, para el 1 de octubre. Ese mismo día declarará también el jefe de la Policía Local de Ceuta.
Tardón califica estas comparecencias de “prioritarias” por el conocimiento directo que, según recoge el auto, poseen sobre la información previa a los hechos y sobre la respuesta operativa desplegada en Ceuta. Señala, además, que las declaraciones de otros mandos operativos incluidos en la investigación podrán resultar “más útiles y esclarecedoras” una vez se incorporen en la causa los informes que acaba de solicitar.
La declaración de Gonzalo Sanz cobra especial relevancia porque, en su carta de dimisión, afirmó haber transmitido personalmente a Pérez Prieto la información que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Según Sanz, también informó al delegado de una conversación telefónica que mantuvo esa noche con un agente del servicio de inteligencia.
Los mensajes desclasificados por el Gobierno revelan que, a las 13:52 del mismo día, un agente del CNI destinado en Ceuta avisó a un miembro del gabinete de la Delegación de un “llamamiento para asalto por valla y mar” previsto para el día siguiente. A las 21:34 ambos mantuvieron una conversación telefónica de once minutos.
Pérez Prieto ha sostenido que esos mensajes “no constituían una alerta ni un informe” y que desconocía tanto su contenido como la llamada posterior. La versión de Sanz difiere: en su carta de dimisión afirmó que la información transmitida por el CNI le fue comunicada “al propio delegado ese mismo día” y que también le informó de la conversación telefónica.
La solicitud de las alertas forma parte de la investigación más amplia que dirige Tardón sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La magistrada pretende reconstruir no solo cómo se produjo la llegada de miles de personas desde Marruecos, sino también la preparación, las convocatorias que la precedieron y la respuesta de las autoridades españolas.
En paralelo, Tardón ha acordado abrir una pieza separada y secreta para rastrear, mediante comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación dirigidas a plataformas como Meta, Google, Apple, TikTok o Telegram, los perfiles que difundieron y pudieron coordinar la convocatoria.
La jueza ha ordenado también el análisis biométrico y el reconocimiento facial de los agentes marroquíes identificados en el informe del CENIF, cruzándolos con las bases de datos de Interpol y Europol. Asimismo, reclama un informe financiero a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y a la Unidad Central Operativa (UCO) para determinar cómo se costeo la movilización y analizar la posible utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, como el “hawala”.
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