Torres cifra en 1.827 los migrantes alojados en Ceuta y añade 1.475 menores filiados y 300 niñas a cargo de colectivos locales
Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, compareció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional tras la intervención del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Su comparecencia se realizó a última hora, después de que el Gobierno socialista anunciara el martes la puesta en marcha del “mando único” para gestionar la crisis migratoria que se vive en Ceuta.
El ministro siguió la línea de su predecesor, insistiendo en que la actuación del Ejecutivo se activó desde el primer momento. El objetivo principal, además de restablecer la normalidad en la ciudad, es lograr el retorno de todos los migrantes que arribaron los días 30 y 31 de julio, “dentro de los márgenes de la ley y del ordenamiento jurídico internacional”, garantizando siempre “el interés superior del menor” cuando no sea posible reunir a los niños con sus familias.
Contexto y cifras de la crisis
Aunque el Gobierno no ha publicado datos oficiales detallados, Torres reiteró que alrededor de 70 000 personas llegaron a Ceuta en los dos días de mayor afluencia, de las cuales entre el 90 % y el 95 % regresaron de forma voluntaria. Actualmente, la gestión se encuentra en la “segunda fase”, centrada en la asistencia humanitaria a los que permanecen en la ciudad. Según la administración central, alrededor de 5 000 personas siguen en Ceuta, cifra que el Partido Popular eleva a 10 000.
En cuanto al alojamiento, Torres informó que 1 827 adultos están hospedados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras su ampliación y la habilitación de dos nuevos espacios cedidos por la Junta de Ceuta y el Ministerio de Defensa. En julio, el CETI recibió una ampliación de 400 plazas, elevando su capacidad a 1 183 al inicio de la crisis.
Respecto a menores, se contabilizan 1 475 niños distribuidos en quince centros locales, a los que se añaden 300 niñas atendidas por colectivos vecinales. En la última semana, otros ministros llegaron a mencionar entre 2 500 y 2 900 menores bajo protección.
El polémico uso de polideportivos como albergues fue limitado por el ministro a “situaciones de extrema necesidad”. Señaló que varios de los espacios propuestos por la administración ceutí no cumplen los requisitos mínimos de salubridad y requerirían varios meses para ser acondicionados.
Torres anunció la distribución de “miles de kits de ayuda humanitaria”, con la participación de la Cruz Roja y un circuito sanitario compuesto por más de 60 profesionales que permanecerán en la zona “el tiempo que sea necesario”. La asistencia incluye un seguimiento individualizado de mujeres y niñas especialmente vulnerables. Asimismo, el Gobierno ha destinado 25 millones de euros en coordinación con las municipalidades, respaldado por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para financiar la acogida y el apoyo económico.
El ministro criticó duramente las exigencias de los partidos de la oposición, PP y Vox, que reclaman devoluciones inmediatas de los migrantes. Calificó esas pretensiones de “falsas, imprudentes, temerarias y mentirosas”, recordando la sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que declaró ilegales las devoluciones en caliente y sancionó a la entonces vicepresidenta de Ceuta y al delegado del Gobierno por prevaricación.
Torres advirtió que las promesas de retornos instantáneos generan mayor tensión social en una crisis de gran magnitud y complejidad. Destacó los episodios de protesta en las calles de Ceuta, los ataques a periodistas y a migrantes durante la entrega de kits en la playa de El Trampolín, y el sentimiento de amenaza entre los trabajadores de ONG, quienes han expresado el deseo de abandonar su labor voluntaria.
El ministro condenó los ataques tanto a los residentes musulmanes de Ceuta como a cualquier inmigrante por su condición, instando a los responsables públicos a actuar con claridad, como ha hecho el alcalde Juan Jesús Vivas. Hizo un llamado a la paciencia de la ciudadanía, subrayando que la violencia no reducirá la ansiedad y que las instalaciones temporales deben considerarse como una medida transitoria, mientras se avanza en los retornos “siempre dentro de los márgenes de la ley”.
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