Última hora sobre la actuación de la UCO en Ferraz: el auto del caso fija el papel relevante de Santos Cerdán, que implicó a la estructura del PSOE
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto que califica de “demoledor” la investigación sobre el caso Leire Díez, señalando la existencia de una supuesta “cloaca” vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el mismo documento se menciona a Leire Díez, conocida popularmente como “la fontanera del partido”, y se describen presuntos pagos y actuaciones destinadas a desbaratar investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre los hechos recabados por el magistrado se destacan los siguientes:
- Pagos de 125 000 euros provenientes del PSOE al abogado Jacobo Teijelo, supuestamente para influir en procedimientos de hidrocarburos relacionados con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes.
- Transferencias mensuales de 4 000 euros a Leire Díez para “desbaratar” causas judiciales.
- Facturación falsa y notas de encargo emitidas a través de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien habría firmado los documentos que permitieron la circulación de los fondos.
- Participación de Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE), Gaspar Zarrías (exvicepresidente de la Junta de Andalucía) y el empresario Javier Pérez Dolset en la supuesta trama.
El auto también indica que el exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, habría revelado secretos de la institución para “impulsar sospechas” ante la directora general de la Guardia Civil, lo que habría motivado la apertura de expedientes de información reservada.
Reacciones de la vida política
Las distintas formaciones y portavoces han manifestado su posición frente a la investigación:
- Pablo Pombo (Por fin justo) denunció “un escándalo semana tras semana” y describió el panorama de la democracia española como “absolutamente insalubre”.
- Artemi Rallo (PSOE) cuestionó la independencia judicial en casos que afectan al PP y recordó la “curiosa manera” en que los tribunales han tratado a figuras como María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.
- Macarena Lorente (PP) acusó al Gobierno de “presiones, ataques a los jueces y ceses a juezas molestas” y señaló la necesidad de arreglar la justicia cuando el PP llegue al Gobierno.
- Alberto Núñez Feijóo (PP) exigió la convocatoria inmediata de elecciones, describiendo la situación como “agónica e irrespirable”.
- Ignacio Garriga (Vox, Catalunya) preguntó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quién pagó la campaña del PSC en 2024, insinuando la posible implicación de empresas chinas o de la “trama criminal” de Zapatero y Sánchez.
- Ketty Garat (Por fin) calificó el caso como “el más potente de todos los que hemos conocido”.
- Juan Frán Pérez Llorca (Generalitat Valenciana) pidió “dejar trabajar a la justicia” antes de emitir conclusiones sobre el PSOE.
- Miguel Ángel García Martín (Gobierno de Madrid) describió el “hedor de la corrupción del sanchismo” como “absolutamente insoportable” y urgió la convocatoria de elecciones.
- Gabriel Rufián (ERC) advirtió que, de demostrarse financiación ilegal del PSOE, sería una “línea roja” que justificaría la solicitud de elecciones generales.
En el marco judicial, el 28 de mayo se inició el juicio del hermano de Pedro Sánchez, junto a diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El proceso, que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz, determinará si la contratación de David Sánchez‑Pérez Castejón en 2017 como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió con los requisitos legales o constituye un caso de presunto enchufismo.
El caso Leire Díez también ha motivado la solicitud del juez Pedraz a la UCO para que requiera al PSOE la documentación relativa a la campaña del PSC en Cataluña (12 de mayo 2024), incluyendo facturas, contratos y gastos de propaganda entre el 26 de abril y el 10 de mayo.
Ante la presión mediática y política, el PSOE ha confirmado haber recibido el requerimiento de documentación, subrayando su “máxima colaboración” con la justicia y negando que se haya tratado de un registro, sino de una simple solicitud de información.
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