El PSOE admite fallar en el caso Salazar pero esconde la verdad
La dirección federal del PSOE ha reconocido formalmente haber fallado en la gestión de las denuncias por acoso presentadas contra Paco Salazar, exalto cargo del Gobierno y miembro de la ejecutiva del partido, cuyos comportamientos han sido calificados como "repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del PSOE". En una nota interna fechada el 5 de diciembre y dirigida a la cúpula nacional, parlamentarios y responsables regionales de Organización e Igualdad, el partido entona el *mea culpa* tras la filtración de detalles sobre el caso, que ha generado un fuerte impacto interno y una ola de críticas, especialmente desde las filas feministas del partido.
Falta de apoyo y demoras injustificadas
Aunque el canal interno del partido para denuncias por acoso sexual fue activado el 7 de julio, tras la aprobación del protocolo específico el 26 de mayo, las dos denuncias anónimas presentadas los días 8 y 28 de ese mes —ambas de trabajadoras de La Moncloa— no recibieron respuesta durante casi cinco meses. Ferraz admite ahora que "la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa ser mejorada", y lamenta no haber "arropado suficientemente" a quienes hicieron pública su denuncia. "Nos duele que haya sucedido", reconoce la nota, en la que se reitera el compromiso con "la lucha contra el acoso hacia las mujeres y con el desarrollo de políticas de igualdad".
El comité encargado del análisis de estos casos, que funciona de manera "independiente y autónoma" y sin injerencia de la dirección, ya ha iniciado contacto directo con las víctimas esta semana, tras conocerse el contenido detallado de sus denuncias en medios. Hasta entonces, ninguna de las afectadas había sido contactada personalmente. El órgano está evaluando los hechos "dentro del plazo establecido": hasta seis meses en casos complejos, según el protocolo. Tras completar su informe, que incluirá una propuesta de medidas, este será remitido tanto a las partes como a la Secretaría de Organización, liderada por Rebeca Torró.
Funcionamiento del sistema de denuncias
- Las denuncias se registraron en julio, pero tras 90 días el sistema las "ofusca" automáticamente para proteger la confidencialidad de los datos.
- Este proceso, según explica Ferraz, no implica la eliminación de los expedientes, solo su ocultación temporal en la plataforma digital.
- El comité antiacoso puede tramitar denuncias incluso fuera del sistema informático, como ocurrió en el caso de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos.
En ese caso, una militante presentó su denuncia ante la ejecutiva provincial, que la derivó a la dirección regional y federal. Pese a que el comité inició el análisis en contacto directo con ella, no se emitió un informe final, lo que llevó a la afectada a acudir a la Fiscalía. Esta decidió abrir diligencias por presunto acoso sexual, desencadenando la suspensión cautelar de Navarro como militante y la apertura de un expediente disciplinario por parte de la comisión federal de Ética y Garantías, que le da diez días para presentar alegaciones.
El PSOE defiende que es el primer partido político en contar con un protocolo de lucha contra el acoso sexual, pero reconoce que se trata de un "sistema innovador" que requiere "mejoras continuas". En este sentido, asegura que no escatimará en recursos para garantizar su eficacia. También subraya que el comité antiacoso está formado por "especialistas en la materia", designados por la ejecutiva federal, y que actúa sin instrucciones ni presiones externas.
Presión interna y riesgo político
La gestión del caso Salazar ha generado indignación interna, especialmente entre las voces feministas del partido, que exigen que se impulse con urgencia el traslado de los hechos a la Fiscalía si así lo aconseja el comité. Hasta ahora, Ferraz se ha negado a actuar unilateralmente, alegando respeto al procedimiento, pero la presión crece desde dentro. La dirección insiste en que no permitirá que se ponga en duda "el compromiso del PSOE con la erradicación de la violencia contra las mujeres", y se muestra crítica con quienes, según su criterio, "banalizan, niegan o no combaten la violencia machista".
El escándalo coincide con el inicio de una complicada campaña electoral en Extremadura, poniendo aún más presión sobre la cúpula del partido. Mientras tanto, líderes como Óscar López salen en defensa de la institucionalidad del protocolo, aunque sin ocultar que el manejo del caso Salazar ha dejado al partido en una posición de vulnerabilidad frente a su propio discurso sobre igualdad y justicia.
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