El rey y el golpe que cambió España para siempre

Este 23 de febrero se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado que sacudió a España y puso en jaque a la joven democracia. A pesar del paso del tiempo, numerosas incógnitas persisten sobre lo ocurrido aquella noche, especialmente en torno al papel exacto que desempeñó el rey Juan Carlos I, cuya figura fue central en la versión oficial del suceso. Hoy, nuevas revelaciones y contradicciones entre testimonios obligan a repensar algunos de los pilares de esa narrativa consolidada.

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Versiones enfrentadas sobre el papel del rey

La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, que juzgó a los implicados en 1981, estableció que el golpe fue un intento aislado de un grupo de militares que fue abortado gracias a la firme intervención del monarca y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, en su libro de memorias *Reconciliación* (Editorial Planeta, 2025), el rey emérito ofrece una versión más personal y proactiva, en la que se describe como el principal artífice del fracaso del golpe. “Aquella tarde, mi proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en mis manos”, escribe, recordando cómo, desde el Palacio de la Zarzuela, dio órdenes con “aplomo y persuasión” para contener el alzamiento.

Uno de los momentos más controvertidos gira en torno a la figura del general Alfonso Armada, entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Según el relato del propio Juan Carlos I, cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con el teniente coronel Antonio Tejero, el monarca respondió tajante: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”. Sin embargo, esta versión choca frontalmente con el testimonio jurado de Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey.

Fernández Campo afirmó ante el juez que, tras una llamada del rey a Armada, este le pasó el teléfono para que él mismo recibiera la propuesta: que Armada se trasladara al Congreso en nombre del rey, estableciera conversaciones y, si era necesario, se ofreciera como presidente del Gobierno para evitar una masacre. Fernández Campo sostuvo que transmitió al general que cualquier acción sería bajo su propia responsabilidad y sin invocar al monarca, pero siempre “transmitiendo la orden del rey, que estaba presente”.

Contradicciones judiciales y silencios oficiales

  • El tribunal que juzgó el 23F no permitió que Fernández Campo declarara en la vista oral, a pesar de su cercanía a los hechos.
  • La sentencia atribuyó la autorización a Armada al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, ignorando el testimonio de Fernández Campo.
  • Armada, quien años después fue condenado por su papel en el golpe, aseguró que muchos militares solo esperaban a ver si el levantamiento “tenía visos de salir adelante”, y que lo que dijera el rey “no les preocupaba”.

El relato oficial también ha sido cuestionado por datos que contradicen la afirmación de una lealtad casi unánime del Ejército. Mientras el ministro de Defensa Alberto Oliart afirmó en marzo de 1981 que el 99,40% de las Fuerzas Armadas fueron leales, documentos privados de su archivo indican que solo tres de los once capitanes generales se mostraron firmes con la Constitución. El resto permaneció en una actitud expectante, a la espera de que el golpe cuajara o fracasara.

El fracaso de la negociación en el Congreso

Armada llegó al Congreso cerca de la medianoche, con la intención de dirigirse al pleno y asumir la Presidencia del Gobierno en un intento de normalizar la situación. Pero Tejero, que esperaba una junta militar y no una solución política, lo rechazó tajantemente: “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”. Su negativa fue clave para que el golpe no encontrara una salida institucional.

Al día siguiente, el pleno continuó y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente, quien agradeció públicamente “el firme pulso de Su Majestad el rey” y la “lealtad y disciplina” del Ejército. Así comenzó a forjarse la narrativa que perduraría décadas: la de un rey que salvó la democracia frente a un golpe minoritario y errático.

Hoy, el rey emérito insiste en que no tiene “nada que ocultar”, pero sus memorias, lejos de cerrar el debate, lo reabren. Reconoce que “la mitad” de los capitanes generales apoyaban la rebelión, aunque no se atrevieron a actuar, y admite tener “preguntas y dudas” sobre el papel de algunos actores. Mientras tanto, el Estado sigue sin despejar muchas de las sombras del 23F. Aunque el Gobierno ha anunciado que desclasificará documentos para “saldar una deuda histórica”, el completo esclarecimiento del intento golpista sigue pendiente, 45 años después.

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