Los jefes de Plus Ultra libres bajo estas condiciones sorprendentes

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha decretado libertad con medidas cautelares para tres personas detenidas en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, entre ellas su presidente, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli. La resolución fue adoptada este sábado por el juez Alfredo Barrera, quien asumió temporalmente el caso al encontrarse de guardia, pese a que la causa principal está a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que mantiene el secreto de sumario sobre la investigación.

Medidas impuestas para los investigados

A los tres imputados se les ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado cada quince días. Los detenidos fueron llevados a declarar tras su arresto durante esta semana por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El origen de la investigación

El caso gira en torno a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga un presunto uso indebido de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra como ayuda pública durante la pandemia, autorizados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Las autoridades sospechan que estos fondos no se destinaron a salvar la compañía, sino que habrían sido utilizados para devolver préstamos concedidos por otras empresas vinculadas a una supuesta red delictiva.

Además, la Fiscalía apunta a un complejo entramado internacional relacionado con el blanqueo de capitales, en el que se habrían movilizado tanto fondos públicos procedentes de Venezuela como oro del Banco Central de ese país. Según la denuncia, la trama estaría asentada en España, Francia y Suiza, y involucraría a ciudadanos extranjeros, españoles, y al menos un abogado del país. Los fondos ilegales, procedentes de actos de malversación de alto impacto, incluirían recursos del programa venezolano CLAP —destinado a la distribución de alimentos— y ventas de oro venezolano.

Archivado previo y nueva fase de la causa

• En 2023, el juzgado instructor archivó una primera causa por irregularidades en la concesión de la ayuda pública, argumentando que la decisión final fue adoptada por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados no tenían facultad directa para aprobarla.
• La Audiencia Provincial de Madrid ya había determinado que no procedía declarar como investigado al representante legal de la aerolínea, al considerar que se había agotado el plazo legal de investigación (12 meses).
• Pese a ese cierre, la reapertura de la causa se produjo tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que puso sobre la mesa nuevas vinculaciones con delitos más graves, como el blanqueo de capitales y la existencia de una organización criminal transnacional.

La investigación sigue en curso y permanece bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso público a nuevos detalles. No obstante, las detenciones y las medidas cautelares reflejan una escalada en la gravedad de los hechos investigados, que podrían superar los límites de un simple desvío de fondos para adentrarse en estructuras complejas de ocultación financiera con ramificaciones internacionales.