Pensión mínima sube 7% y ayuda no contributiva 11 4 en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su última reunión del año 2025, el incremento de las pensiones para 2026, en el marco de un amplio Real Decreto-ley destinado al mantenimiento del llamado 'escudo social'. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien también asume desde ahora la portavocía del Gobierno, anunció durante la rueda de prensa posterior que las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Revalorizaciones diferenciadas para colectivos específicos

Además del incremento general, el gobierno ha establecido aumentos más elevados para determinados tipos de prestaciones dirigidas a colectivos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Las pensiones de viudedad con cargas familiares y las pensiones con cónyuge a cargo experimentarán una subida del 11,4% en 2026. Este mismo porcentaje se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que busca reforzar el apoyo a las personas con menores recursos.

Asimismo, las pensiones mínimas verán un alza superior al 7%, una medida que beneficiará especialmente a aquellas personas que dependen en mayor medida del sistema público de protección. La ministra Saiz destacó que esta decisión refuerza el compromiso del Ejecutivo con la garantía de poder adquisitivo de los pensionistas, afirmado que “el Gobierno cumple con un compromiso inquebrantable: si los precios suben, las pensiones también”.

Contexto del anuncio

• El incremento forma parte de un Real Decreto-ley integral aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros de 2025.
• El objetivo principal es mantener el tejido social ante posibles tensiones económicas futuras.
• Más de 9,4 millones de pensionistas en España se verán beneficiados directamente por estas medidas.

El paquete de revalorizaciones busca no solo acompañar la inflación, sino también reducir brechas de desigualdad entre diferentes tipos de pensiones, priorizando a quienes reciben prestaciones más bajas o con responsabilidades familiares. Con esta medida, el Gobierno cierra el año reafirmando su enfoque en la protección social como eje central de su política económica.

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