PP se niega a etiquetar productos del Sáhara Occidental y desata polémica

Este miércoles, el Parlamento Europeo debatió y votó sobre una controvertida propuesta de la Comisión Europea que permitiría modificar el etiquetado de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental, designándolas bajo nombres regionales como “El Aaiún-Sakia El Hamra” o “Dajla-Ued Eddahab”, en lugar de identificar explícitamente su origen en el Sáhara Occidental. Este territorio, considerado no autónomo por Naciones Unidas y pendiente de descolonización, ha sido objeto de una disputa prolongada entre el Frente Polisario y Marruecos, que lo administra de facto desde 1975.

El PP se posiciona contra la Comisión Europea

El Partido Popular español rompió filas con la posición del PSOE y presentó una objeción formal contra el acto delegado de la Comisión, argumentando que esta medida vulnera sentencias previas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según esas resoluciones, los productos del Sáhara Occidental deben ser etiquetados como tales, al tratarse de un territorio distinto de Marruecos, y su inclusión en acuerdos comerciales requiere el consentimiento de su pueblo.

La eurodiputada del PP Carmen Crespo Díaz, portavoz de Agricultura en el grupo conservador, sostuvo que la modificación normativa representa un riesgo jurídico, económico y estratégico para los agricultores europeos. “Este cambio legal oculta el verdadero origen de los productos, confunde al consumidor y deja a nuestros productores en desventaja frente a importaciones que no cumplen los mismos estándares”, afirmó Crespo. Denunció además que la Comisión ha impulsado la reforma sin consultar al Parlamento, violando la práctica habitual en asuntos de comercio internacional.

Argumentos económicos y de transparencia

• El PP alertó sobre una creciente desventaja competitiva: tras el Brexit, las cuotas de exportación de tomate español en la UE y el Reino Unido se redujeron hasta un 50 % y un 80 % respectivamente, mientras Marruecos incrementó la suya en un 70 %.
• Las nuevas denominaciones regionales, promovidas por Marruecos, sustituirían el nombre “Sáhara Occidental”, dificultando la trazabilidad y favoreciendo una competencia desleal.
• El partido exigió a la Comisión revisar el acuerdo comercial con Marruecos, incluir cláusulas de reciprocidad, reforzar controles fitosanitarios y sociales en los puntos de entrada a la UE, y crear una Oficina Europea de Control de Importaciones.

“No se trata de romper relaciones con Marruecos, sino de garantizar que el comercio sea justo, claro y conforme a las normas europeas”, subrayó Crespo. “Defendemos a nuestros agricultores y la integridad de nuestras leyes”.

Adhesión de otros grupos políticos

La objeción del PP contó con apoyos transversales. Vox presentó también una moción en contra del etiquetado, reclamando que los productos no puedan ser identificados de forma ambigua y que se respete la jurisprudencia del TJUE. La formación de extrema derecha acusó a la Comisión de promover una medida que “oculta” el origen saharaui y beneficia políticamente a Marruecos.

Además, eurodiputados de Verdes, La Izquierda y Patriotas por Europa se sumaron a las críticas durante el debate plenario. El italiano Herbert Dorfmann (PPE) calificó la iniciativa de “un descaro”, y el irlandés Luke Ming Flanagan (La Izquierda) señaló que existe una clara fractura entre la Comisión y el Parlamento: “Aquí todos los elegidos democráticamente vamos en una dirección, y la Comisión en otra”.

¿Qué sigue después de la votación?

Si el acto delegado prospera, organizaciones como el Frente Polisario, ONGs internacionales y asociaciones de consumidores ya han anunciado que preparan nuevas acciones legales. El caso podría volver a presentarse ante el Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Por el contrario, si la objeción del Parlamento obtiene el respaldo necesario, se enviaría un mensaje claro a la Comisión: no se aceptarán reformas que ignoren la legalidad europea ni que blinden acuerdos comerciales negociados a espaldas del cuerpo legislativo.

Paralelamente, mientras la controversia avanza en Bruselas y Estrasburgo, el Gobierno de Canarias anunció una misión económica para promover inversiones en la zona del Sáhara Occidental bajo control marroquí, un movimiento que refleja la complejidad del enredo político, económico y jurídico en torno a un territorio aún sin resolver.