El Gobierno vuelve a denegar de forma "ilegal" permisos de residencia a saharauis hijos de españoles
Cuando Brahim acudió este año a la oficina de Extranjería de Badajoz para renovar su permiso de residencia en España, recibió una negativa que le sorprendió. El año anterior la solicitud había sido aprobada sin inconvenientes, pese a que, como hijo de un ciudadano de origen español, tiene derecho a un permiso temporal de residencia de cinco años según el nuevo Reglamento de Extranjería.
El obstáculo surgió porque la administración negó la nacionalidad española de su padre, a pesar de que éste nació en el Sáhara Occidental cuando el territorio todavía formaba parte de España. El caso de Brahim, un ciudadano saharaui ficticio, no es aislado. En los últimos meses, la abogada especializada en extranjería Fatma El Galia ha identificado al menos tres situaciones similares, y asegura que cada vez son más los despachos que reciben peticiones con el mismo problema.
La sentencia del Tribunal Supremo y su aplicación retroactiva
El Independiente ha accedido a dos resoluciones desfavorables dirigidas a saharauis residentes en España. Ambas se basan en la sentencia 207/2020 del Tribunal Supremo, que estableció que, “aunque exista la condición colonial del Sahara, el territorio no puede considerarse España a efectos del artículo 17.1 c) del Código Civil; por tanto, no son españoles de origen quienes nacieron en el Sahara Occidental durante la época colonial”.
Esta sentencia, dictada en mayo de 2020, cerró la posibilidad de que los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo dominio español pudieran solicitar la nacionalidad española a partir de esa fecha. No obstante, en el caso de Brahim su padre había obtenido la ciudadanía antes de la sentencia, lo que debería garantizarle a él la condición de ciudadano español con todos los derechos que ello conlleva.
Según El Galia, las oficinas de Extranjería de Badajoz y de Málaga aplicaron la sentencia de forma retroactiva, vulnerando el principio de irretroactividad de la ley, que solo permite efectos retroactivos cuando benefician al afectado o cuando la norma lo dispone expresamente. En este caso, la aplicación retroactiva resulta, a su juicio, ilegal.
La normativa civil contempla otros supuestos de adquisición de la nacionalidad de origen, más allá del artículo 17.1 c). Sin embargo, la administración parece encajar a todos los saharauis en el mismo concepto, sin considerar las circunstancias particulares de cada caso ni los títulos de nacionalidad previamente concedidos.
Las resoluciones negativas fueron firmadas por la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo, y por el subdelegado en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, y presentan prácticamente idéntico contenido, lo que sugiere que fueron redactadas por el mismo funcionario.
Esta no es la primera vez que El Galia se topa con este tipo de trabas. El año pasado, el periódico informó de una serie de resoluciones denegatorias en distintas subdelegaciones de Gobierno. Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Migraciones envió una circular indicando que “estas personas deben ser consideradas ciudadanos españoles de origen a todos los efectos”. Dicha comunicación tuvo lugar antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.
Un año después, los hijos de españoles nacidos en el Sáhara Occidental se enfrentan a la misma problemática, pese a las garantías anunciadas. La abogada señala que la nacionalidad es una cuestión civil, no administrativa, y que ningún funcionario de Extranjería está autorizado a revocar decisiones judiciales que ya habían concedido la nacionalidad antes de 2020.
En el caso concreto de Brahim, el año pasado logró renovar su permiso de residencia en la oficina de Zamora sin dificultades, ya que entonces la renovación se efectuaba anualmente y no cada cinco años como lo exige el nuevo Reglamento. Con la misma documentación, la oficina de Badajoz le ha negado la renovación, dejándolo sin la autorización necesaria para trabajar.
Ante la falta de recursos, El Galia ha interpuesto varios recursos administrativos que han sido desestimados, lo que obliga a recurrir a la vía judicial, un proceso que podría prolongarse varios años. Mientras tanto, Brahim permanece sin poder ejercer una actividad laboral.
La abogada concluye que, mientras el Gobierno lleva a cabo la regularización extraordinaria de miles de inmigrantes, está suprimiendo derechos ya reconocidos a ciudadanos saharauis, que además quedan excluidos del plazo de regularización que finaliza el 30 de junio.
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