Anticorrupción asume la tesis de la UCO de que los expedientes eran un "mecanismo de presión" para no investigar al Gobierno
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado una de las principales tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) en el llamado “caso Leire”. Según el escrito presentado, la reiterada apertura de expedientes disciplinarios contra varios agentes de la UCO habría constituido un “mecanismo de presión” para condicionar a los investigadores que llevaban las causas más sensibles que afectaban al entorno del Gobierno. El Ministerio Público solicitó al juez Santiago Pedraz la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, advirtiendo que, de confirmarse, dichos hechos podrían tipificar delito de obstrucción a la Justicia.
El jueves, el juez Pedraz acordó investigar a ambos por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. González y el teniente general Llamas han sido citados para declarar como investigados ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio, dentro de la causa que investiga la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, supuestamente orientada a “desestabilizar” las investigaciones que perjudicaban al PSOE mediante la influencia sobre jueces y fiscales y la desacreditación de la UCO.
Los expedientes como herramienta de presión
La hipótesis parte de una de las líneas principales del caso Leire. Tanto la UCO como la acusación y la Fiscalía sostienen que, mientras diversas causas judiciales estrechaban el cerco sobre el entorno del Gobierno y del PSOE —entre ellas los procesos que involucraban a Begoña Gómez, David Sánchez o el caso Koldo—, la alta dirección de la Guardia Civil habría impulsado la apertura, en el mismo período, de tres informaciones reserva contra agentes de la unidad investigadora.
Durante la instrucción, varios mandos del Instituto Armo calificaron dichos expedientes de “excepcionales” y “no habituales”. Por su parte, Mercedes González, el DAO y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han defendido en la última semana que la apertura de los expedientes era “normal”.
En el escrito al que ha tenido acceso El Independiente, la Fiscalía argumenta que la apertura de esas informaciones reserva solo tendría relevancia penal si se demostrara que no respondían a una finalidad disciplinaria, sino que fueron utilizadas para frenar el trabajo de la UCO. En tal caso, el mecanismo disciplinario “deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional”.
Según el Ministerio Público, el problema no reside en la existencia de expedientes internos, sino en el uso que se les dio. “Una cosa es la mera apertura aislada de un expediente disciplinario y otra muy distinta la utilización sistemática y continua del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento dirigido específicamente contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles”, recogen los fiscales.
Si la hipótesis se confirma, la Fiscalía considera que los expedientes no solo habrían perjudicado a los agentes investigados, sino que habrían enviado un “aviso” al conjunto de la UCO: la presión no se agota en el perjuicio que pueda causar a un funcionario concreto, sino que proyecta un mensaje institucional a toda la unidad investigadora, señalando que el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para sus impulsores.
Los dos exjefes de la UCO, el general de brigada Rafael Yuste Arenillas y el actual jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, comparecieron ante el magistrado de la Audiencia Nacional y explicaron, en el mes de junio, que la apertura de tres informaciones reserva en menos de un año a los mismos agentes de la UCO podría constituir un mecanismo de presión para que cesaran las investigaciones de casos de corrupción vinculados al Gobierno y a Pedro Sánchez.
Las informaciones reserva son procedimientos internos excepcionales destinados a esclarecer hechos antes de decidir si procede iniciar un expediente disciplinario. Su finalidad es comprobar la existencia de posibles responsabilidades administrativas, no revisar investigaciones judiciales ni cuestionar actuaciones de la Policía Judicial bajo las órdenes de jueces y fiscales. La UCO y la Fiscalía coinciden en que este instrumento habría sido desvirtuado para abrir investigaciones internas contra los propios agentes encargados de instruir causas como el “caso Koldo”, el fraude de los hidrocarburos, la investigación sobre David Sánchez o la causa contra Begoña Gómez, todas vinculadas al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
Los documentos incorporados al procedimiento, a los que ha tenido acceso El Independiente, confirman que las tres informaciones reserva presentan un mismo patrón: se abrieron inmediatamente después de episodios que afectaban a investigaciones de gran repercusión política; fueron dirigidas a miembros de la UCO o de su Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN); y ninguna concluyó acreditando responsabilidades disciplinarias. Para los investigadores, esta coincidencia temporal demuestra que no se trataba de actuaciones aisladas, sino de una estrategia encaminada a intimidar a quienes llevaban a cabo las investigaciones judiciales.
La primera de esas actuaciones fue la Información Reserva 1/24, abierta el 4 de diciembre de 2024 por orden del DAO tras la difusión pública de un informe judicial que contenía un correo institucional de Begoña Gómez. Oficialmente se pretendía averiguar si la información había sido filtrada desde la UCO. La investigación interna no halló conducta disciplinaria alguna, pero el informe final recomendó “amonestar verbalmente” al analista responsable, lo que varios mandos interpretaron como una advertencia dirigida al resto de los investigadores.
La segunda información reserva, abierta el 11 de mayo de 2025, está considerada por la UCO como la más significativa. Tras la publicación de los mensajes intercambiados entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Mercedes González y Leire Díez intercambiaron mensajes de WhatsApp; dos horas después, Manuel Llamas ordenó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) la apertura de una información reserva para investigar el origen de la supuesta filtración. La UCO sostiene que el DAO sabía que la publicación no podía proceder de la unidad investigadora, pues los dispositivos electrónicos de Ábalos no habían sido intervenidos judicialmente. Aun así, la investigación interna se dirigió nuevamente contra los agentes que instruían la causa.
Durante esa investigación, el instructor consultó a magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre diligencias bajo secreto judicial. El juez Leopoldo Puente manifestó que no autorizaba una investigación paralela y advirtió que, de persistir, podría ordenar la apertura de diligencias contra el instructor e incluso contra quien ordenó su apertura, es decir, el DAO Manuel Llamas. Tras esa advertencia, el procedimiento se archivó de inmediato.
La tercera actuación tuvo lugar pocos meses después. La Información Reserva 1/25 fue firmada digitalmente por Mercedes González el 30 de agosto de 2025 y formalizada el 1 de septiembre, tras la publicación de una nota periodística que denunciaba supuestas injerencias del DAO en el funcionamiento de la UCO. En el marco de ese procedimiento se solicitó un organigrama completo de la unidad, con la identificación nominal de los oficiales que participaban en los equipos que investigaban las principales causas contra el entorno del Gobierno. La UCO considera que esa petición excedía cualquier finalidad disciplinaria y tenía como objetivo identificar a los investigadores para intensificar la presión sobre ellos, una cuestión que la Fiscalía Anticorrupción también destaca en su escrito.
Los investigadores subrayan que estas actuaciones no pueden entenderse sin el contexto previo descrito por numerosos testigos durante la instrucción. Varios mandos de la UCO relataron al juez que las presiones comenzaron meses antes de la apertura de las informaciones reserva. Entre ellas, una reunión celebrada el 12 de julio de 2024, en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marco, habría exigido que un informe judicial concluyera que “no había nada”; amenazas de retirar vacaciones a los agentes si no modificaban el contenido del informe; e instrucciones posteriores del DAO para que la unidad “se pusiera de perfil” y dejara de actuar proactivamente en investigaciones de gran impacto político. Según la UCO, las informaciones reserva fueron la formalización de esas presiones en un mecanismo disciplinario.
En el núcleo del caso Leire, la Fiscalía señala que Leire Díez mantenía una relación fluida con Mercedes González y pretendía utilizar esa proximidad para promover actuaciones administrativas contra la propia unidad investigadora. Entre la documentación intervenida aparecen anotaciones manuscritas como “armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo” o “investigación interna G.C. para filtraciones”. En un audio incorporado a la causa, Díez afirma que su “siguiente conversación” sería con la directora general de la Guardia Civil porque era “de mi confianza”.
La Fiscalía concluye que, analizados conjuntamente, todos esos elementos permiten apreciar indicios de que las informaciones reserva fueron utilizadas con una finalidad distinta a la prevista legalmente. En lugar de esclarecer posibles infracciones disciplinarias, habrían servido para intimidar a los investigadores, interferir en el funcionamiento de la Policía Judicial y dificultar el desarrollo normal de procedimientos penales que afectaban al entorno del Gobierno. Esa coincidencia entre la tesis de la UCO, el criterio del Ministerio Público y la resolución del juez Pedraz constituye la base sobre la que se ha acordado la investigación penal de Mercedes González y Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de obstrucción a la Justicia.
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