"Miguel Angel Blanco es el recuerdo vivo del reconocimiento que aún debemos a quienes dieron la cara por la democracia"
Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco desde hace 25 años, dedica gran parte de su vida a mantener viva la memoria del joven edil del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997. A 29 años del secuestro y asesinato que marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, la activista asegura que Miguel Ángel sigue siendo un símbolo de defensa de la democracia y la libertad.
Hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1982, Cristina vivió de primera mano la transformación de una tragedia personal en un compromiso permanente con la paz y la justicia. A lo largo de su trayectoria ha participado en organizaciones como la Asociación por la Paz, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), el movimiento “Gesto por la Paz”, Denon Artean y el Foro de Ermua.
La labor de la Fundación y el legado de Miguel Ángel Blanco
En su rol de directora, Cuesta destaca la necesidad de que la sociedad española no olvide a quienes “dieron la cara –y la vida– en primera línea para defender la democracia”. “Quiero que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de la resistencia que hemos mantenido durante tantos años para que todos podamos disfrutar de un sistema democrático, con sus limitaciones, pero democrático”, afirma.
Al describir el legado del secuestro y asesinato de Miguel Ángel, la directora lo define como “un símbolo de la lucha contra el terrorismo, de la libertad y de la democracia”. Señala que, al igual que Gandhi representa la no violencia y Martin Luther King la lucha contra el racismo, Miguel Ángel representa la defensa de la democracia y la libertad.
Cuesta explica que la Fundación se ha centrado en la transmisión de la memoria a los jóvenes, una “apuesta contra el tiempo y contra el olvido”. Considera fundamental combatir el blanqueamiento del terrorismo y los relatos que desvirtuaran la verdadera dimensión de la violencia perpetrada por ETA.
Respecto al llamado “Espíritu de Ermua”, la directora reconoce que, con el paso del tiempo, este se ha “diluido desgraciadamente”, aunque sigue trabajando para construir una memoria digna que rechace la impunidad y la justificación del terrorismo, y que priorice la dignificación de las víctimas.
En sus charlas en colegios, Cuesta constata tanto el desconocimiento como el interés de los jóvenes por conocer la historia reciente. Señala que iniciativas como el Centro Memorial de Víctimas de Vitoria son valiosas, pero insuficientes, y que cada generación necesita una transmisión activa de lo ocurrido.
Sobre la responsabilidad del desconocimiento, la activista responsabiliza a todos los ámbitos: educativo, político, institucional y familiar. Cita un estudio de la Universidad de Navarra que muestra que el 30 % de los jóvenes vascos justifica la violencia política, subrayando la urgencia de seguir trabajando en la memoria.
En cuanto al sistema educativo vasco, Cuesta critica la escasa incorporación de la historia del terrorismo en los planes de estudio y la falta de visitas a centros de memoria. Afirma que, a diferencia de otras comunidades como la Valenciana o la de Madrid, en el País Vasco aún no existe una política de memoria consolidada.
Lo que más le sorprende en sus sesiones con jóvenes es la empatía que demuestran al conocer testimonios personales de víctimas. “Entienden lo que supuso el terrorismo para una familia, para la mía o para cualquier otra, y eso es muy potente”, destaca.
Finalmente, la directora insiste en que, aunque los jóvenes no son responsables de los hechos del pasado, deben estar informados, ser críticos ante cualquier justificación de la violencia política y sentirse orgullosos de que la sociedad española haya vencido al terrorismo. Subraya que la memoria es también un reconocimiento a quienes defendieron la democracia en los momentos más difíciles, y advierte contra la tentación de “pasar página” sin aprender de los errores.
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