El Gobierno español planea sacrificar a Ayoub A
En 2019 el empresario y periodista argelino Ayoub Aissiou era propietario de El Djazairia One, un medio independiente que alcanzaba 200 millones de visualizaciones al mes y más de 6 millones de suscriptores. En aquel momento era el canal opositor privado más visto en Argelia. Sus críticas al gobierno despertaron la ira de las autoridades argelinas, que procedieron a incautar la mayor parte de sus bienes y del propio medio, obligando a Aissiou a abandonar el país.
Siete años después, el 26 de julio de 2026, Ayoub Aissiou fue detenido en el aeropuerto del Prat de Barcelona tras la ejecución de una orden de arresto solicitada por el gobierno argelino. Un mes antes, el Ministerio de Justicia español, encabezado por el ministro Félix Bolaños, había autorizado su extradición. La defensa, encabezada por el abogado César Aguirre, denuncia que el proceso constituye un caso claro de persecución política.
Detalles del proceso de extradición
Desde su detención, Aissiou se encuentra bajo prisión preventiva por decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En menos de un mes, el tribunal decidirá si procede o no la extradición solicitada por Argelia.
Según Aguirre, la medida cautelar se basa en “la aplicación estricta y correcta del derecho”, al valorarse el riesgo de fuga en función de los recursos económicos y el arraigo de su cliente en España. El abogado asegura que la Audiencia Nacional rechazará la solicitud, aunque admite que “estoy absolutamente confiado”.
El abogado critica la solicitud de extradición como una “aberración jurídica” plagada de defectos formales. El expediente, redactado en árabe y francés, está dirigido al Gobierno de Francia, mientras que el convenio bilateral de extradición exige que la petición se formule en el idioma del Estado requerido, en este caso el español. Por ello, Aguirre sostiene que el Ministerio de Justicia debería haber desestimado la solicitud por estar “al margen de la ley”.
Otro punto que el defensor considera irregular es que la orden de extradición se sustenta en un “juicio en rebeldía”, es decir, un proceso en el que el acusado no estuvo presente. Señala que “en España nunca se han aceptado sentencias en rebeldía como fundamento para la entrega de personas”, y que, en ocasiones, se han modificado los trámites para respetar esas garantías.
El abogado también relaciona la rápida autorización de la extradición con la visita oficial del presidente Pedro Sánchez a Argelia, durante la cual se firmaron acuerdos de suministro de gas y se dio una señal de normalización de relaciones tras el cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental. “La celeridad en la autorización del Gobierno se ha precipitado después de la visita”, afirma Aguirre.
Además, la familia de Aissiou ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos seguimientos y presiones ilegales por parte de agentes del consulado argelino en Barcelona. Según el abogado, los hermanos del periodista detectaron que vehículos del consulado realizaban seguimientos sin autorización judicial.
En 2019, tras abandonar Argelia, Aissiou se instaló inicialmente en Francia. Allí, agentes argelinos intentaron engañarlo suplantando la identidad de un funcionario local para citarlo en un lugar “extraño”. Tras la investigación de la gendarmería francesa, se determinó que la integridad física del periodista y su familia estaba en riesgo, lo que los llevó a trasladarse a España, donde actualmente residen.
La acusación argelina se basa, entre otros cargos, en la supuesta falsificación de poderes notariales otorgados a sus hermanos en 2019 para la liquidación de sus bienes. En el escrito de extradición se indica que los delitos se habrían cometido en diciembre de 2025, aunque las propias autoridades argelinas reconocen que los poderes fueron firmados en 2019, cuando Aissiou todavía se encontraba en Argelia. Aguirre sostiene que el gobierno argelino mantiene a la notaria implicada bajo custodia para evitar que confirme la presencia física del periodista en ese momento.
Ante estas contradicciones, el abogado confía en que la Audiencia Nacional se limitará a comprobar si se cumplen las garantías exigidas por el convenio de extradición, y no a determinar la comisión del delito. “No va a entrar en si se ha cometido un delito o no, porque no puede. Lo que sí va a depurar es si se cumplen las garantías que exige el convenio, y no se cumplen”, subraya.
Respecto a la denuncia por los presuntos seguimientos, Aguirre advierte que la familia ha recibido amenazas a través de medios de comunicación argelinos, indicando que “van a por sus hermanos, que son los que han presentado la denuncia”. Por ello, la familia ha decidido ponerse a disposición de la justicia española para que se investigue lo ocurrido con Ayoub.
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