Miguel Ángel Gallardo recurre la condena a 18 años de inhabilitación por el caso del hermano de Pedro Sánchez
El exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2026 por la Audiencia Provincial de Badajoz, que le condenó a 18 años de inhabilitación por prevaricación.
La resolución de primera instancia desglosó dos delitos de prevaricación. El primero se refiere a la creación de una plaza a medida, el puesto de Coordinador de los Conservatorios de la provincia, adjudicada en 2017 a David Sánchez Pérez‑Castejón. El segundo delito se sustenta en la posterior modificación de esa misma plaza, que pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Motivos del recurso
En su escrito de recurso, la defensa de Gallardo solicita la revocación de la sentencia y la absolución de los cargos, así como la anulación de la reserva de acciones que quedó pendiente tras el auto de aclaración de 16 de septiembre, por considerar que vulnera la regla procesal que obliga a sustanciar los delitos conexos en una única causa.
Entre los argumentos que presenta la defensa destacan los siguientes:
- Falta de pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia en la adjudicación del puesto de Coordinador de los Conservatorios.
- Inexistencia de cualquier indicio de que Gallardo conociera a David Sánchez en 2016 o que diseñara la plaza con el objetivo de beneficiarlo.
- Carácter meramente profesional de la relación entre Gallardo y Sánchez, sin que exista vínculo cercano o de amistad que justifique la acusación.
- Valoración errónea y arbitraria de los hechos por parte del tribunal, basada en “pocos indicios” y conjeturas que no constituyen pruebas sólidas.
- Omisión de datos fundamentales, como la parcialidad de la investigación y la falta de explicación del cambio de criterio de la fuerza policial.
- Violación del derecho a la presunción de inocencia, lo que, según la defensa, obliga a revocar la condena por el primer delito de prevaricación.
- En el segundo delito, la defensa sostiene que la evidencia presentada no es suficiente para acreditar una conducta ilegal o arbitraria en la modificación del puesto.
- La inhabilitación impuesta resulta desproporcionada, pues se extiende a cualquier empleo en la administración pública, sin relación directa con la Presidencia de la Diputación Provincial de Badajoz que ocupaba Gallardo en el momento de los hechos.
La defensa también cuestiona la reserva de acciones acordada por el auto de 16 de septiembre, al considerar que la apertura de una nueva causa vulnera el principio de unidad procesal y, por tanto, resulta inadmisible.
Con este recurso, Gallardo busca que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anule la sentencia de primera instancia, elimine la inhabilitación y restablezca sus derechos políticos y profesionales.
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