El puzle inacabado del 'narcopoli' de la UDEF: Irlanda, Dubái y las piezas que faltan para cerrar el procesamiento
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido frenar el avance del caso conocido como el “narcopolí” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y ha ordenado al juez instructor que reconstruya lo que, en la práctica, sigue siendo un rompecabezas incompleto. Según la resolución, el procesamiento del exinspector jefe de la unidad, Óscar Sánchez Gil, y de la organización liderada por Ignacio Torán, se dictó de forma “prematura”, sin contar todavía con la “fotografía completa” de una causa que no ha agotado todas sus líneas de investigación.
Los magistrados no ponen en duda la existencia de indicios ni la estructura general de la trama, pero sí consideran que el momento procesal elegido por el juez Francisco de Jorge para cerrar el primer bloque de acusaciones ha sido equivocado. Advierten que avanzar con una instrucción “inconclusa” puede derivar en una “situación de impunidad” respecto a conductas o investigados que, por falta de concreción o de desarrollo probatorio, han quedado fuera del auto de procesamiento.
Puntos pendientes de investigación
La causa estalló tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024, el mayor alijo intervenido en la historia de España y el segundo de Europa. A partir de ese hallazgo, las pesquisas dibujaron un entramado criminal dedicado no solo al tráfico de droga, sino también al blanqueo de sus beneficios mediante sociedades pantalla, criptomonedas, testaferros e inversiones inmobiliarias en varios países.
Según los atestados de la unidad de Asuntos Internos de la Policía, el propio exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, habría colaborado de forma estable con la organización, facilitando la entrada a España de al menos 37 contenedores con unas 58 toneladas de cocaína. Por esa “colaboración estable”, se estima que el inspector se embolsó unos 30 millones de euros, parte de los cuales habría ocultado en su domicilio.
La Audiencia considera que el mapa financiero del blanqueo sigue incompleto. El tribunal señala que continúan pendientes diligencias “de especial relevancia”, como las comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y Estonia, y las previstas en Emiratos Árabes Unidos y Colombia, consideradas claves para reconstruir el circuito del dinero de una red a la que se atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína entre 2020 y 2024.
En Irlanda, la investigación apunta a que la red desvió importantes cantidades de dinero a través de una empresa de criptomonedas con sede en Dublín, ET Fintech Europe, vinculada al sobrino lejano del rey emérito Francisco de Borbón. En esa entidad se habrían encontrado unos 20 millones de dólares en diversas monedas, tanto fiat como virtuales.
En Emiratos Árabes Unidos, los indicios señalan una estructura de blanqueo orquestada por Torán mediante la compra de inmuebles en Dubái a través de testaferros, de modo que las propiedades no figuraran a su nombre. Una de esas viviendas, según la resolución, es la residencia habitual de otro investigado de alto nivel cuya declaración aún no se ha producido.
Asimismo, el tribunal destaca varias estructuras societarias offshore atribuidas al líder de la organización: una en Delaware, a través de la sociedad Top Life América LLC, controlada por un testaferro no procesado; y otra en Panamá, mediante Inversiones Latam Corp y Latanpam Inversiones INC, con una cuenta escrow en Atlas Bank de ese país, también manejada por un testaferro sin proceso. Todas ellas son piezas esenciales del entramado que quedaron fuera del primer auto de procesamiento y que la Sala “no comprende” por qué fueron excluidas.
El escrito, que estima íntegramente el recurso interpuesto por la Fiscalía, también solicita la incorporación de las diligencias de entrada y registro de 2024, de “especial interés” por su relación con el exjefe de la UDEF, así como el volcado de los datos de los registros de otros investigados y los informes patrimoniales definitivos que permitan cuantificar el alcance real del blanqueo. “Se trata de un volumen importante de diligencias pendientes”, subrayan los magistrados.
Los magistrados van más allá y cuestionan directamente la selección de investigados incluidos y excluidos en este primer acercamiento al banquillo por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Consideran “contradictorio” que no se haya incluido al “arquitecto del blanqueo”, Mario Pestaña, y “no comprenden” la ausencia del propio “narcopolí”.
Insisten en que la investigación policial, aunque “muy avanzada”, todavía puede aportar nuevos datos sobre las operativas de blanqueo y sobre el papel concreto de varios de los supuestos implicados. Precisamente por ello, advierten del riesgo de generar “situaciones de impunidad” si el procesamiento se cierra antes de completar todas las líneas abiertas.
El criterio del tribunal es que no se puede celebrar un juicio sobre una estructura criminal fragmentada en bloques inconexos sin que ello rompa lo que los magistrados denominan la “continencia de la causa”. Por eso, la Sala ordena esperar a que concluya la instrucción para dictar un único auto de procesamiento que incorpore todas las piezas.
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