PP y Vox se disputan el voto andaluz de los guardias civiles irritados tras la muerte de dos agentes en Huelva
La muerte de los guardias civiles Germán y Jerónimo, ocurrida la semana pasada durante una persecución contra una narcolancha frente a la costa de Huelva, ha reavivado en Andalucía una de las heridas más profundas de la Guardia Civil. Los agentes fallecidos fueron víctimas de una operación que, según los cuerpos de seguridad, se desarrolló bajo condiciones de alto riesgo, un factor que sus familias y organizaciones sindicales reclaman que el Gobierno reconozca oficialmente.
El incidente se produjo en el marco de la campaña electoral, lo que ha convertido la tragedia en un punto de disputa política entre el Partido Popular (PP) y Vox, que buscan capitalizar la indignación contra el gobierno de Pedro Sánchez. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan días denunciando que la muerte de los agentes “anuncia” la necesidad de reconocer la profesión como de riesgo.
El reclamo de la profesión de riesgo y su dimensión política
El debate se intensificó tras las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, María Jesús Montero, que inicialmente describió el suceso como un “accidente laboral”. La reacción de los agentes fue contundente, y la ministra tuvo que rectificar sus palabras poco después. La ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, en el funeral de los guardias también alimentó la percepción de falta de reconocimiento institucional.
Dentro de los cuarteles andaluces, el malestar va más allá de la polémica inmediata. La muerte de los dos agentes ha vuelto a colocar en el centro la reivindicación histórica de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los militares para que se reconozca oficialmente su condición de profesiones de riesgo, una exigencia que ya había surgido tras la tragedia de Barbate y que se ha convertido en un símbolo del deterioro de la relación entre gran parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Gobierno.
Las organizaciones sindicales señalan que los agentes desplegados en zonas especialmente vulnerables al narcotráfico —como el Campo de Gibraltar, la desembocadura del Guadalquivir y la costa de Huelva— enfrentan diariamente una violencia creciente y operan con recursos insuficientes. Además, alertan de que el problema ya no está limitado a Cádiz; la expansión de las narcolanchas hacia otras provincias andaluzas preocupa a la Guardia Civil, que considera que el fenómeno se está extendiendo por todo el litoral sur.
El reconocimiento institucional se ha transformado, según los propios guardias, en una cuestión más allá de una simple demanda laboral. “Si después de esto todavía hay dudas sobre la profesión de riesgo, entonces ya no sabemos qué tiene que pasar”, afirman varios agentes. Esta sensación se vio reforzada el viernes pasado, cuando una narcolancha arrolló a otra patrullera en Almería.
El rechazo del PSOE a iniciativas parlamentarias relacionadas con mejoras para policías y guardias civiles ha profundizado el distanciamiento entre el Ejecutivo y los cuerpos de seguridad en un momento crítico para Andalucía, donde el narcotráfico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los agentes del sur.
En este contexto, el PP ha adoptado un discurso centrado en la necesidad de más recursos y en el endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico, mientras que Vox ha intensificado su crítica al ministro Grande‑Marlaska y al gobierno, intentando capitalizar la frustración del sector. A nivel nacional, el PP propone la recuperación del OCON‑Sur, el aumento de penas para los narcotraficantes y la oficialización de la condición de riesgo, una iniciativa que el PSOE y Sumar han bloqueado en varias ocasiones. Vox, por su parte, ha registrado de nuevo la propuesta y exige mayores libertades operativas y mejores dotaciones materiales para los agentes.
Andalucía concentra una presencia significativa de Guardia Civil y Policía Nacional, así como de familiares y entornos vinculados a los cuerpos de seguridad. Los episodios de Barbate y Huelva han generado una fuerte movilización emocional dentro de este colectivo, que se muestra especialmente sensible a cuestiones relacionadas con la seguridad, el narcotráfico y el respaldo institucional.
Según datos del CIS, el sector de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía se sitúa mayoritariamente en la derecha del espectro político: un 36,2 % se define como “de derechas o muy de derechas”, un 17,8 % como “extrema derecha” y sólo un 24,4 % como “centro”. En la intención de voto, la candidatura de Juanma Moreno (PP) cuenta con el 49,6 % del apoyo del sector, mientras que Vox alcanza el 17,3 %, sumando un 66,9 % de respaldo a la derecha. El PSOE‑A apenas atrae al 4,5 % de estos votantes.
En las elecciones generales de 2023, el líder de Vox, Santiago Abascal, obtuvo mayor simpatía entre los cuerpos de seguridad (42,9 %) que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (37,8 %). En Andalucía, la valoración del PP es especialmente alta: el dirigente popular recibe una nota de 7,02 sobre 10, frente a los 5,06 de Manuel Gavira (PSOE‑A) y el 2,0 de María Jesús Montero tras la polémica por sus declaraciones.
El PP calcula que necesita alrededor de 15.000 votos en toda Andalucía para mantener su mayoría en el Congreso, cifra que equivale aproximadamente al número de efectivos de la Guardia Civil por provincia. Según el Ministerio de Defensa, el cuerpo cuenta con 20.451 efectivos desplegados en la comunidad autónoma, distribuidos de la siguiente forma: Jaén (4.677), Sevilla (3.234), Cádiz (3.071), Málaga (2.560), Granada (2.152), Almería (1.808), Huelva (1.581) y Córdoba (1.368). La movilización de este sector podría resultar decisiva para que el PP conserve los 55 escaños que aspira a mantener, mientras que un desvío de votos hacia Vox pondría en riesgo su posición.
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