14 de 15 comunidades asisten a la votación del modelo de financiación autonómico y no siguen el boicot propuesto por Madrid
En la tarde del jueves, fuentes de la Comunidad de Madrid confirmaron que sus representantes no asistirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este viernes. Además, instaron al resto de comunidades autónomas a boicotear la votación de la reforma del modelo de financiación autonómica negociada bilateralmente entre la Generalitat de Cataluña y la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Contexto de la reforma y quórum necesario
El Reglamento de Régimen Interior del CPFF, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece que “para la válida constitución del Consejo será necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros”. A pesar de ello, todas las comunidades, salvo Madrid, han asistido a la reunión.
La sesión comenzó con normalidad y el órgano está preparado para debatir la propuesta del Gobierno, que contempla una inyección de 20.975 millones de euros adicionales al sistema de financiación autonómica. Hasta el momento, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de Cataluña y Canarias: la primera, con la que se pactó bilateralmente el nuevo modelo, y la segunda, que aceptó una ayuda de 1.300 millones de euros en julio.
El resto de comunidades han anunciado que votarán “no” a la iniciativa, entre ellas las gobernaciones socialistas de Castilla‑La Mancha (Emiliano García‑Page) y Asturias (Rosa Rosa Barbón).
El ministro de Hacienda, Araceli España, aprovechó sus redes sociales antes del inicio de la reunión para reclamar a las comunidades que faciliten el avance de la reforma: “Ya no valen excusas. Es momento de decidir si apostamos por un modelo que brinda más recursos y reduce las diferencias de financiación entre territorios o no. Esa es la pregunta que debemos responder”.
Con el voto favorable de una sola comunidad el Gobierno garantiza la aprobación de la reforma en el CPFF. El siguiente paso será remitirla al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, donde la fragmentación parlamentaria y la posición de los socios de gobierno podrían dificultar su tramitación.
Junts ha manifestado su rechazo al proyecto desde el principio, argumentando que no otorga a Cataluña plena autonomía para gestionar sus recursos. No obstante, la consejera de Economía y Finanzas de Cataluña, Alicia Romero, ha pedido a Junts que no bloquee el proceso y que, durante la tramitación, se puedan negociar las mejoras que consideren necesarias.
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