Marlaska al borde del colapso: solo le queda Sánchez
Fernando Grande‑Marlaska conserva, a día de hoy, el único respaldo dentro del Gobierno: el del presidente Pedro Sánchez. A pesar de ello, el ministro del Interior se encuentra cada vez más aislado dentro de su propio ministerio y recibe un creciente abandono por parte de otras carteras. Los frentes que se le abren provienen, en su mayoría, de las propias estructuras del Estado y de la gestión de las distintas crisis que han sacudido al interior en el último año.
Primero apareció la polémica en la Guardia Civil, seguida por enfrentamientos con el Ministerio de Defensa y el CNI, y, más recientemente, con la Policía Nacional. Las tres situaciones comparten tres rasgos comunes: el ministro alega desconocimiento de los hechos, los informes que deberían esclarecer la situación son inexistentes o poco fiables, y la justicia ha tenido que recordarle a un exjuez de la Audiencia Nacional cuáles son los límites de su autoridad como titular del ministerio.
Crisis en la Guardia Civil y la UCO
El primer síntoma de aislamiento se dio con la batalla por la Unidad Central Operativa (UCO). La investigación judicial, dirigida por el juez Santiago Pedraz, se centró en la cúpula del cuerpo cuando se produjeron los hechos: la directora general, Mercedes González, y el director de operaciones, Manuel Llamas. Ambos son investigados por su presunta participación en el llamado “caso cloacas”, junto a la política Leire Díez y la intención de desmantelar la unidad.
A diferencia de lo que cabría esperar, Grande‑Marlaska no ha retirado su confianza a González y Llamas, manteniéndolos en el foco público. Al mismo tiempo, Antonio Balas, uno de los investigadores que quedó en el centro de la disputa, ha sido ascendido a coronel y sigue al frente de la UCO. El ministro, por tanto, respalda tanto a la cúpula investigada como al investigador cuya actuación quedó bajo sospecha, pese a la apertura de una investigación judicial.
Otro elemento incómodo para Interior es que la UCO no llegó a un enfrentamiento directo con la cúpula de la Guardia Civil durante la fase inicial. Durante varios meses se presentaron informaciones reservadas contra responsables de la unidad, llegando incluso a afectar al jefe de la Guardia Civil, Rafael Yuste, y a Balas, en un corto período. La Dirección del Instituto de Armamento defendió que se trataba de mecanismos internos, pero la investigación posterior puso de relieve cómo se activaron esas actuaciones y quién tomó las decisiones.
Una nota interna de la Jefatura de Información alertó sobre una supuesta campaña contra los investigadores de la UCO, información que llegó a la sala de mando pero no se trasladó inmediatamente a los agentes implicados. Según el periódico que informó del caso, el DAO, Manuel Llamas, habría ocultado durante varios días esa comunicación a los investigadores. Mientras tanto, la propia Guardia Civil iniciaba una operación contra la unidad sin que sus responsables conocieran la alerta.
Las declaraciones posteriores de Mercedes González y de los propios investigadores generaron nuevas contradicciones sobre quién sabía qué y quién impulsó las informaciones reservadas. El juez Pedraz abrió una investigación sobre la actuación de la cúpula de la Guardia Civil. A pesar de ello, Grande‑Marlaska siguió respaldando a González y Llamas, mientras Balas continuaba al frente de la UCO y ascendía a coronel.
La justicia impone límites a la actuación del ministro
El conflicto no se limitó a la Guardia Civil. El caso de la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, que investiga la masiva entrada de unas 72 000 personas en Ceuta este verano, vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de los límites del ministro al exigir información a los agentes que actúan como Policía Judicial bajo la dirección de un juez.
La magistrada ordenó que los investigadores no transmitieran a sus superiores el informe elaborado sobre la entrada masiva mientras la actuación permaneciera bajo control judicial. Cuando Grande‑Marlaska solicitó explicaciones por no haber recibido dicho documento, la respuesta judicial fue clara: los agentes que actúan como Policía Judicial no pueden proporcionar a la autoridad política información sujeta a la dirección de un órgano judicial.
El Consejo General del Poder Judicial respaldó el criterio de la magistrada y recordó la sujeción de los investigadores a la autoridad judicial cuando desempeñan funciones de Policía Judicial. En este caso, el ministro no cuestionó una decisión judicial, sino que un antiguo juez de la Audiencia Nacional le reclamó información sobre una investigación y se topó con el recordatorio de sus límites como responsable político.
Informes sobre la crisis de Ceuta
La crisis de Ceuta colocó a Grande‑Marlaska ante documentos elaborados por investigadores de su propio Ministerio que no coincidían con la versión que Interior había defendido. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) redactó, el 29 de julio, un informe que advertía del riesgo de una entrada masiva en Ceuta, señalando un alto riesgo de llegadas y la posibilidad de un salto de la frontera. El ministro, sin embargo, había sostenido en varias intervenciones que no existían informes previos que alertaran de dicha amenaza.
Cuando salió a la luz que sí había informes de días e incluso semanas anteriores que señalaban un incremento de entradas, tanto Grande‑Marlaska como Sánchez tuvieron que ajustar su discurso: existían informes, pero ninguno predecía la magnitud de los 72 000 migrantes. El Gobierno mantuvo que Marruecos no tuvo ninguna implicación.
Posteriormente, la Policía Nacional remitió a la Audiencia Nacional un informe elaborado por sus propios investigadores que introducía elementos que apuntaban a una actuación más relevante de las fuerzas marroquíes de lo que Interior había reconocido públicamente. El documento describía una escasa presencia de agentes marroquíes en la contención, un “guío activo” de personas hacia territorio español y la posibilidad de que el proceso respondiera a objetivos distintos a los meramente migratorios.
Grande‑Marlaska preguntó al director general de la Policía, Francisco Pardo, por la existencia de dicho informe. La primera respuesta del ministro fue que Pardo negaba la existencia de un documento policial que señalara a Marruecos en esos términos. Sin embargo, el informe sí existía y estaba en la Audiencia Nacional. Pardo explicó después que no conocía su contenido porque la jueza Tardón había ordenado a los investigadores que no informaran a sus superiores de una actuación bajo control judicial.
El mismo patrón se repitió: el ministro alegó desconocimiento, inicialmente se negó a reconocer la existencia del informe y, cuando el documento salió a la luz, la justicia explicó por qué el ministro no podía haberlo conocido a través de los investigadores.
Enfrentamiento con el Ministerio de Defensa
La crisis de Ceuta también abrió un nuevo frente en el propio Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el CNI había alertado sobre la situación antes de la entrada masiva. Grande‑Marlaska negó la existencia de un informe del CNI o del Ministerio de Defensa que advirtiera a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una amenaza de esa magnitud. La discusión giró en torno a qué sabía el Gobierno antes de la avalancha, quién fue informado y qué hizo el Departamento con esa información.
Mientras los dos ministros se contradecían, la documentación policial aportaba nuevas piezas: la Policía había advertido previamente del riesgo de entradas masivas; el CNI había transmitido información sobre la situación, según la versión de Defensa; y un informe policial situó a Marruecos en el centro del análisis. Grande‑Marlaska, mientras tanto, mantuvo la posición oficial del Gobierno sobre Rabat.
La Guardia Civil, a la que también se le solicitó un informe sobre lo ocurrido en Ceuta, confirmó que el CNI sí informó sobre la entrada masiva, aunque matizó que no aportó datos sobre cuántas personas cruzarían la frontera.
El hilo marroquí que une las crisis
El elemento más sensible de toda la saga es la relación con Marruecos. Desde Interior y el Gobierno se ha defendido la buena relación con Rabat y se ha rechazado la existencia de pruebas suficientes que demuestren que las autoridades marroquíes fomentaran deliberadamente la entrada masiva en Ceuta. Sin embargo, los investigadores policiales han planteado otra hipótesis.
El informe policial remitido a la Audiencia Nacional habla de un “guío activo” por parte de agentes marroquíes y de una posible planificación previa. Además, considera que la entrada pudo responder a objetivos diferentes a los estrictamente migratorios y analiza cómo la actuación española pudo haber amplificado o mitigado el efecto de lo ocurrido.
Tras la difusión del informe de 55 páginas del CENIF, el Ministerio del Interior lanzó una campaña de descrédito de los agentes que elaboraron el reporte, intentando desprestigiar su “naturaleza”. Esto deja a Grande‑Marlaska en una posición particularmente incómoda: no solo debe explicar qué sabía Interior antes de la masiva entrada, sino también por qué el relato político sobre Marruecos difiere de los elementos recogidos por los investigadores policiales.
Sánchez, último sostén político
Todo este cúmulo de crisis deja al presidente Pedro Sánchez como el único respaldo político de Grande‑Marlaska. Sánchez no solo ha mantenido su confianza en el ministro durante la polémica de la Guardia Civil, sino que también ha respaldado al Gobierno en el enfrentamiento con Defensa y ha intentado cerrar filas ante las consecuencias políticas de la crisis de Ceuta.
En definitiva, aunque Grande‑Marlaska sigue ostentando el poder formal como ministro del Interior y cuenta con el apoyo del presidente, cada vez son más las instituciones, cuerpos y documentos que le obligan a rendir cuentas. Primero fue la Guardia Civil, luego Defensa y ahora la Policía, con los tribunales como último árbitro. Por ahora, el ministro todavía cuenta con el respaldo de Sánchez, pero su posición se ha vuelto cada vez más precaria.
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