Ábalos recurrirá al Constitucional la "desproporcionada" condena del Supremo

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha confirmado que su equipo legal estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que le impone 24 años y tres meses de prisión por su presunta participación en la trama de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Según fuentes cercanas a Ábalos, la resolución resulta “desproporcionada” y el exdiputado socialista pretende agotar la última vía jurídica disponible antes de acudir al tribunal de garantías constitucionales.

Detalles de la sentencia del Supremo

El fallo, publicado este lunes y adoptado por unanimidad, también condena a su exasesor ministerial, Koldo García, a 19 años y ocho meses de prisión, y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio, pena que queda suspendida al reconocer su colaboración con la justicia. La sentencia, de 224 páginas, establece que el tiempo máximo de cumplimiento será de 16 años para Ábalos y de 15 años para García, en aplicación del artículo 76 del Código Penal.

Los magistrados determinaron que existió un “claro plan criminal” cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas vinculadas al comisionista. Aldama aportó la estructura empresarial, García actuó como intermediario y ejecutor de las gestiones, mientras que Ábalos ocupó la posición institucional clave para facilitar el acceso a los centros de decisión.

Penalizaciones y medidas accesorias

• Organización criminal: 5 años y 6 meses de prisión (parte de la condena total).
• Multa por organización criminal en concurso con cohecho continuo: 20 meses a 50 €/día (≈ 30 000 €).
• Multa por cohecho en concurso con tráfico de influencias: 14 meses a 50 €/día (≈ 21 000 €) más una sanción adicional de 500 €.
• Inhabilitación para sufragio pasivo: 5 años y 6 meses.
• Inhabilitación para cargos vinculados a la gestión de patrimonio o fondos públicos: 12 años.
• Inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con el manejo de caudales públicos: 10 años.
• Inhabilitación para intervenir en contratación pública: 8 años.
• Multas y inhabilitaciones adicionales derivadas de casos como la contratación de Claudia Montes y los chalés de Marbella y La Alcaidesa, con penas que oscilan entre 8 y 9 años.

Además, el tribunal ordenó a Ábalos y a Koldo García indemnizar a las empresas Ineco y Tragsatec con 34 450 € y 9 500 €, respectivamente, y decretó el decomiso de las ganancias ilícitas generadas por el delito de cohecho, que ascienden a 430 298 €.

El desglose de dichas ganancias es el siguiente: 340 000 € provienen de los pagos realizados por Víctor de Aldama (10 000 € mensuales durante 34 meses); 82 295 € corresponden al alquiler de un inmueble en la Plaza de España; y 8 000 € se derivan del alquiler del chalet de Marbella, conocido como Villa Parra.

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