Así funciona el reparto de menores migrantes que volverá a enfrentar a las comunidades de PP y Vox con el Gobierno
El Partido Popular (PP) y Vox se han manifestado en contra de la acogida de menores migrantes no acompañados tras la última oleada masiva que arribó a Ceuta a finales de julio y el nuevo intento fallido de cruce que tuvo lugar este fin de semana. Ambos partidos califican la situación como una “crisis de soberanía” y, en el caso de Vox, la describen como una “invasión”. En los acuerdos alcanzados con el PP se reitera el rechazo a cualquier ampliación de la política de acogida, incluidos los menores.
Sin embargo, ni el PP ni Vox podrán impedir la recepción inmediata de los menores que determine el sistema de reparto vigente. Lo que sí pueden hacer es recurrir a los recursos legales disponibles, como la vía judicial ante el Tribunal Constitucional. El diputado y vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que “cumpliremos la ley”.
Mecanismo de contingencia extraordinaria
El procedimiento de reparto se basa en el real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería en 2025, tras la crisis humanitaria de Canarias de 2024. Dicho decreto establece que, cuando la ocupación de los centros de acogida supere los límites críticos, se activará una “declaración de contingencia migratoria extraordinaria”. La medida obliga a la redistribución de menores a comunidades autónomas que cuenten con capacidad suficiente, siguiendo criterios objetivos.
Los criterios principales son:
- Capacidad de población del territorio: cuanto mayor sea, mayor será la capacidad de recepción.
- Renta bruta media de los hogares.
- Tasa de desempleo, que actúa como atenuante.
- Historial de esfuerzos previos de acogida por parte de la comunidad.
- Proximidad geográfica y presencia de familiares del menor.
- Recomendaciones del Ministerio Fiscal y la voluntad del menor de retornar a su país de origen.
Una vez se completen los registros, la autoridad competente propondrá la comunidad de destino y, tras una audiencia con el menor y los servicios sociales, la reubicación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días naturales, aunque en casos de sobrecarga extrema puede extenderse varios meses.
Según los datos actualizados el lunes, el número de menores registrados en Ceuta tras la última oleada ronda los 1.900, lo que supone un aumento de 500 respecto al 7 de julio, cuando la ministra de Juventud y Política de Igualdad, Sira Rego, anunciaba 1.342 menores. El Gobierno estima que el total podría llegar a 2.500, mientras que la ONG Save the Children sitúa la cifra cerca de 4.000.
En la crisis canaria de 2024 se llegó a superar el 150 % de ocupación en Baleares, Castilla y León o Valencia, y el 200 % en Murcia. Estas experiencias motivaron la creación del mecanismo de contingencia para evitar nuevos colapsos.
Las comunidades que actualmente disponen de mayor número de plazas son Andalucía (2.827), Cataluña (2.650), la Comunidad de Madrid (2.325) y Valencia (1.767). Ceuta, por su parte, cuenta con apenas 27 plazas, lo que representa una sobrecarga del 3.000 % respecto a su capacidad real.
Los gobiernos autonómicos del PP han expresado su inconformidad con el cálculo basado exclusivamente en la población, alegando que no refleja la capacidad real de acogida. En Galicia y Madrid, por ejemplo, las administraciones sostienen que ya están operando al 108 % de su capacidad y que la presión no permite asumir más menores.
El PP ha reiterado la necesidad de devolver a “todos” los migrantes que permanecen en Ceuta, incluidos los menores, argumentando que Marruecos se considera “país seguro” y que existen acuerdos bilaterales para la repatriación. No obstante, El Independiente señala que existen limitaciones y riesgos de sanciones judiciales por devoluciones que no respeten los procedimientos legales.
En el plano político, la crisis migratoria se ha convertido en un tema central de cara a las próximas elecciones generales. Vox ha propuesto al alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un pacto para romper con el PSOE y formar una coalición de gobierno. Mientras tanto, el Gobierno central, a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Política de Igualdad, Elma Saiz, ha intentado calmar la tensión anunciando la apertura de espacios para 1.500 migrantes y promoviendo la cooperación con las comunidades autónomas.
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