Las limitaciones de la propuesta del PP para el retorno de migrantes a Marruecos pese a ser un "país seguro"
El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver de forma inmediata a todos los migrantes que ingresaron irregularmente en Ceuta durante la última ola migratoria. La iniciativa se apoya en la consideración de Marruecos como «país seguro», una calificación incluida en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y reflejada en el Reglamento (UE) 2026/464.
Según la normativa europea, la clasificación de un tercer país como seguro permite presuponer que sus ciudadanos no están expuestos a persecuciones ni a riesgos graves de daño. Esta presunción, a su vez, facilita la agilización de los procedimientos de devolución para quienes hayan entrado de manera irregular en territorio de la Unión Europea.
Implicaciones legales del retorno
Sin embargo, el propio Reglamento establece importantes matices que limitan la aplicación automática de la medida:
- Todo ciudadano marroquí que solicite protección internacional conserva el derecho a que su caso sea revisado individualmente por la autoridad competente.
- Si el solicitante demuestra que, pese a la calificación de «país seguro», existe un riesgo real de persecución o de daños graves, la decisión final corresponde a la autoridad de asilo del Estado miembro.
- El considerando 3 del Reglamento indica que la presunción de seguridad solo procede cuando la situación jurídica, el respeto al Estado de Derecho y las circunstancias políticas del país de origen demuestren la ausencia de riesgos.
En la práctica, la mayoría de los migrantes que actualmente se encuentran en las calles y playas de Ceuta no son ciudadanos marroquíes, sino personas provenientes de países subsaharianos (Mali, Sudán, Somalia, entre otros) que, según la legislación europea, no pueden ser devueltos a Marruecos bajo el concepto de «tercer país seguro» sin que el país receptor acepte su regreso.
El caso de los menores no acompañados añade otra capa de complejidad. La normativa europea no contempla específicamente a los menores en los procedimientos de devolución, pero la legislación española establece la protección prioritaria de la infancia, obligando a garantizar su tutela, identificación y el derecho al reencuentro familiar antes de cualquier medida de retorno.
El Gobierno ha estimado que alrededor de 2 500 menores forman parte del total de aproximadamente 11 000 personas que ingresaron en la última ola migratoria. De ellos, según el organismo Save the Children, 1 500 ya están bajo el sistema de protección. La propuesta del PP, defendida por la vicesecretaria de Regeneración Institucional Cuca Gamarra, sostiene que “todos los que entraron de manera irregular, sean menores o adultos, deben ser devueltos a Marruecos” y cita supuestos acuerdos bilaterales con el reino vecino para regular esos retornos.
No obstante, la legislación española y la jurisprudencia nacional ponen límites claros a esa posición. En 2021, el Tribunal Supremo declaró ilegales las devoluciones masivas de menores en Ceuta, al considerar que se vulneraron los derechos recogidos en la Ley de Extranjería y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cádiz sancionó por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvatore Mateos, y a la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por su implicación en esas repatriaciones.
En el plano político, la propuesta del PP se produce en medio de un intenso debate entre el Ejecutivo central y la administración autonómica de Ceuta. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la gestión autonómica, mientras que la titular de Migraciones, Elma Saiz, ha pedido una solución más conciliadora. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que los procesos de devolución se aplicarán únicamente a quienes no se encuentren en situación de vulnerabilidad ni cumplan los criterios de acogida humanitaria.
Según los datos oficiales, de los más de 8 000 migrantes que permanecen en Ceuta, unos 5 000 se encuentran en situación de vulnerabilidad. De los 2 500 menores identificados, una parte importante no puede ser devuelta a Marruecos por no poseer la nacionalidad marroquí. Asimismo, alrededor de 3 000 adultos podrían ser objeto de retorno por considerarse “migrantes económicos”, mayoritariamente ciudadanos marroquíes mayores de edad cuya motivación principal sería la búsqueda de empleo o una mejor calidad de vida.
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