Así son los centros para inmigrantes de Meloni en Albania que la UE quiere replicar en otros países
Lo que inicialmente provocó indignación se ha convertido en un modelo que la Unión Europea pretende replicar. Los centros de inmigrantes que el Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, abrió en Albania para externalizar la atención a las personas que llegaban a sus fronteras están a punto de convertirse en una referencia para el resto de los Estados miembros.
Shengjin y Gjer fueron concebidos, en un primer momento, como centros de acogida para inmigrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a las costas italianas. Allí se decidiría quién tenía derecho a asilo en territorio europeo y quién no. Tras una serie de sentencias judiciales, el Ejecutivo italiano tuvo que modificar este enfoque y, a partir del año pasado, las instalaciones albanesas se convirtieron en centros de repatriación para personas cuya solicitud de refugio había sido rechazada.
Desde el 11 de abril de 2025, quinientos extranjeros han sido trasladados a Gjer desde Italia. La revista italiana *Altreconomia* obtuvo el registro interno del organismo gestor Medihospes, que administra el centro bajo un contrato de 133 millones de euros firmado con el Estado italiano. En los primeros 48 días tras la reapertura bajo el nuevo modelo, se anotaron 54 “acontecimientos críticos”, entre los que se incluyen autolesiones, intentos de suicidio y protestas de los internos.
Modelo de retorno migratorio de la UE
Los bosques que rodean Gjer y las playas del puerto de Shengjin contrastan con la imagen de un “Guantánamo europeo”. Ubicados a unos 50 kilómetros de Tirana, los centros están rodeados por muros de varios metros de altura, cámaras de seguridad y barracones prefabricados con barrotes. A pesar de la mala reputación, el rendimiento de los centros no ha alcanzado los objetivos inicialmente pactados: el acuerdo entre Italia y Albania preveía acoger a 3 000 personas al mes, pero los datos del primer mes como centros de repatriación indican una cifra considerablemente menor.
Una investigación conjunta de ActionAid Italia y la Universidad de Bari revela que se invirtieron más de 74 millones de euros para poner en marcha las instalaciones. El estudio calcula que el coste medio de una plaza durante los primeros meses como centro de recepción fue de 153 000 euros, una cifra que plantea dudas sobre la rentabilidad del modelo.
Beatriz de León, directora del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), resume la situación: “La experiencia italiana nos enseña que no es necesariamente la medida más eficaz ni la más rentable”.
El Parlamento Europeo ha dado un fuerte impulso a este enfoque. En la votación final, 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra y 30 se abstuvieron, aprobando el Reglamento de Retorno, descrito por Elena Muñoz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugio (CEAR), como “la última pieza que faltaba al pacto europeo de migración”.
El nuevo reglamento busca agilizar los procesos de expulsión de inmigrantes sin protección internacional, especialmente ante la escasa tasa de retorno actual, que ronda el 30 % de las órdenes de expulsión emitidas por los Estados miembros. La normativa permite trasladar a estas personas a centros en terceros países, considerados “seguros”, para que sirvan como lugares de tránsito.
Entre los países catalogados como seguros por la UE se incluyen Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Sin embargo, solo Colombia e India fueron incluidos en el Índice de Democracia de *The Economist* en 2025; Kosovo no figura en el ranking. Según la directora del IEAM, “en algunos de estos países, la nacionalidad, el origen étnico, el perfil político o la orientación sexual pueden generar riesgos claros”. Por ello, la inclusión de dichos países en la lista de seguros se percibe como una decisión política destinada a reforzar la cooperación migratoria.
Muñoz advierte que, aunque el Reglamento de Retorno contempla mecanismos de supervisión de las condiciones en estos centros, “no son suficientes”. La posibilidad de que centros como los de Meloni en Albania se reproduzcan en otros Estados miembros plantea interrogantes sobre los derechos humanos y la seguridad de los migrantes trasladados a terceros países.
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