Atando cabos 3x26: Grietas en la Guardia Civil
El juez Santiago Pedraz, a cargo de la instrucción conocida como “caso Leire”, ha decidido imputar este jueves a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director de la Unidad Operativa (DAO), teniente general Manuel Llamas, por presunto delito continuado de prevaricación y por un delito de obstrucción a la justicia.
La decisión se produjo pocos minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara formalmente la solicitud de imputación. La investigación se centra en las supuestas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez para intentar neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO), organismo de la Guardia Civil que dirige gran parte de las diligencias que rodean al entorno del presidente del Gobierno.
Reacción institucional y silencio de la directora
Mercedes González ha optado por no pronunciarse públicamente sobre la causa. Su primera aparición después de conocerse la imputación se dio en la entrega de diplomas a los montañeros de la Guardia Civil en Candanchú, donde no hizo mención alguna a la UCO ni a la investigación judicial en curso. Esta postura, que se interpreta como una estrategia de defensa procesal, ha sido señalada también como un intento de normalizar su continuidad al frente de la institución mientras el proceso avanza con indicios cada vez más concretos.
El Gobierno ha cerrado filas ante el escándalo, sin ofrecer declaraciones oficiales y sin esperar a que se desarrollen más diligencias. La falta de pronunciamientos ha generado críticas por parte de la oposición y de sectores de la sociedad civil, que exigen mayor transparencia y una rápida respuesta institucional.
El caso, que se inscribe como una anomalía institucional de primer orden, sigue bajo la dirección de Pedraz, quien ha indicado que la investigación continuará recopilando pruebas que permitan esclarecer la supuesta colusión entre la dirección de la Guardia Civil y los intereses de la exmilitante Leire Díez.
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