El lado oscuro del langostino barato en España: vertidos, emisiones y desastre ambiental en la costa de Ecuador
El langostino, ahora un producto habitual en la cesta del consumidor español, esconde tras su precio accesible una serie de impactos ambientales, climáticos y sociales que se originan en el principal país productor, Ecuador. Un informe científico y técnico titulado Langostino barato, costes elevados, elaborado por la organización Foodrise y presentado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en colaboración con Protección Animal Ecuador, revela la magnitud de la acuicultura intensiva y el papel dominante que España ejerce en este modelo transatlántico.
En la actualidad, el 58 % de los langostinos consumidos en la Unión Europea proviene de la acuicultura. España es el principal importador de langostinos de cultivo ecuatoriano, con unas 47 400 toneladas anuales, una cifra superior a la producción total de langostinos cultivados o capturados en toda la UE (más de 56 000 toneladas que absorbe el mercado español). El puerto de Vigo actúa como la principal puerta de entrada de estas importaciones, que luego se distribuyen por los distintos estados miembros.
Impacto ambiental y social del langostino ecuatoriano
En 2023, el langostino ecuatoriano se comercializó a un precio medio de 4,6 €/kg, muy por debajo de los 6,57 €/kg que alcanzan los langostinos capturados por buques europeos, desplazando progresivamente a la flota pesquera local. Detrás de este bajo costo se encuentran inversiones multimillonarias de compañías españolas, como Nueva Pescanova (a través de su filial Promarisco) y el proveedor Profand, que han adquirido explotaciones camaroneras en Ecuador. Profand, por ejemplo, instaló su primera granja acuícola en el país en 2024, creando un modelo de negocio verticalmente integrado que abastece directamente a la gran distribución minorista española.
El sector camaronero ecuatoriano ha experimentado un crecimiento vertiginoso: de 40 000 toneladas exportadas en el año 2000 a un estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad. En 2025, superó al petróleo como principal motor económico del país, generando una facturación de 8 400 millones de dólares. No obstante, el 80 % del impacto ambiental del sector se origina antes de la cría, en la producción de piensos industriales basados en soja, harina y aceite de pescado extraídos masivamente de las costas de Ecuador, Perú y Chile.
Según el informe, las importaciones europeas de langostino ecuatoriano desvían anualmente 178 000 toneladas de peces silvestres hacia la elaboración de piensos, una práctica calificada por organizaciones de la sociedad civil como “colonialismo nutricional”. Además, la producción de langostino de cultivo genera una intensa huella climática: una porción de 100 g de proteína de langostino de granja produce, en promedio, 18 kg de CO₂ equivalente, superando la cifra del vacuno lechero (17 kg de CO₂e) y situándose como el tercer sistema alimentario más intensivo en emisiones, detrás únicamente de la carne de vacuno y de cordero.
En la costa ecuatoriana, la expansión de los estanques de acuicultura ha ocupado ya unas 220 000 hectáreas, provocando la pérdida del 57 % de la cobertura de manglares desde la década de 1960. En los estuarios del Golfo de Guayaquil, zona que concentra el 60 % de la producción, el colapso de los manglares alcanza el 90 %. Esta degradación priva a las comunidades locales de un ecosistema esencial para la captura de carbono, la biodiversidad y su sustento tradicional.
El informe también destaca graves conflictos territoriales. A principios de 2026, decenas de familias campesinas dedicadas al cultivo histórico de arroz fueron desalojadas por la policía ecuatoriana en el cantón de Durán para ceder sus tierras a nuevas empresas camaroneras. El caso ha sido examinado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos.
El vertido de contaminantes es otro problema crítico. Por cada tonelada de langostinos producida, el sistema acuícola genera más de 51 kg de desechos de nitrógeno, de los cuales 26 kg terminan vertidos directamente a ríos y costas. Además, se ha detectado la presencia de metabisulfito de sodio (utilizado como conservante) y el uso indiscriminado de antibióticos críticos para la medicina humana, como amoxicilina, eritromicina y sulfonamidas, incrementando el riesgo de proliferación de bacterias resistentes.
En el plano social, la mayor parte de los beneficios se concentra en unas pocas corporaciones, entre ellas Santa Priscila y S.O.N.G.A., que juntas representan casi un tercio de las exportaciones. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citados en el informe, el 63 % de los trabajadores de la acuicultura en Ecuador laboran en condiciones de informalidad, sin contrato formal y expuestos a la extorsión y al crimen organizado.
El Observatorio de Bienestar Animal alerta sobre la limitada fiabilidad de las certificaciones ecológicas y de trazabilidad. Un estudio de World Forest ID reveló que el 84 % de los productos de langostino analizados en puntos de venta europeos y estadounidenses no corresponde con el origen geográfico declarado. Ante la falta de información, las organizaciones demandan mayor transparencia y ética a los supermercados que operan en España, para que los consumidores dejen de externalizar inconscientemente su huella ecológica sobre las comunidades más vulnerables del planeta.
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