Clara del Campo, de Amnistía Internacional: "No puede haber una transición real en Venezuela sin desmantelar el aparato represivo"
Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció esta semana ante la Asamblea General de la ONU la intención de celebrar nuevas elecciones en el país, aunque sin precisar una fecha concreta. La medida generó de inmediato una exigencia por parte de la oposición para que la promesa se traduzca en hechos, y despertó numerosas dudas sobre la viabilidad del proceso electoral.
Según el informe de Amnistía Internacional, los cambios observados desde la salida de Nicolás Maduro son puntuales y selectivos, sin representar una transformación profunda del aparato represivo. Clara del Campo, responsable de campañas para las Américas de la organización, explicó en una entrevista con Onda Cero que “las estructuras de poder, las personas implicadas en crímenes de lesa humanidad y las prácticas de violación de derechos humanos continúan de forma evidente”. Añadió que el número de personas detenidas supera al registrado antes del 28 de julio de 2024, fecha en la que se llevaron a cabo los últimos comicios, cuya victoria oficial fue atribuida a Edmundo González por la comunidad internacional.
Reacción de la oposición y evaluación de Amnistía Internacional
Amnistía subraya que miles de venezolanos siguen sujetos a procesos judiciales, medidas cautelares y restricciones de derechos. La organización exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, así como la derogación de leyes consideradas pilares del modelo represivo, entre ellas la Ley Anti-ONG y la Ley contra el Odio.
En agosto se inició un proceso de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición, impulsado por Estados Unidos, con la finalidad declarada de lograr una transición y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el propio Edmundo González, María Corina Machado y otros grupos críticos han sido excluidos de esas negociaciones. Del Campo se abstuvo de comentar el contenido del diálogo, pero reiteró las exigencias de Amnistía: “Exigimos libertad de expresión, libertad de asociación y la eliminación de todas las normas que conforman la arquitectura represiva, la cual imposibilita el trabajo de la sociedad civil”.
Otro gesto del gobierno de Rodríguez ha sido el desbloqueo de varios medios digitales que habían sido censurados durante años. Amnistía lo considera un paso positivo, aunque insuficiente, pues la reversibilidad de la medida depende de la discrecionalidad de las autoridades. La organización pide además la eliminación de las restricciones que afectan a medios de investigación y a periodistas.
La cuestión de la rendición de cuentas sigue siendo uno de los puntos más delicados. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, en su informe del 16 de septiembre, identificó a 19 personas señaladas como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad que continúan en sus cargos o han sido trasladadas a otros puestos. Además, Venezuela se retiró del Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, pese a que esta última había abierto una investigación en 2021 y la reactivó en 2023.
Del Campo interpretó esa retirada como “una señal preocupante de querer evadir la justicia”. Añadió que “no vemos indicios de que las autoridades quieran someter los hechos a un escrutinio o a un proceso judicial genuino”.
Respecto al papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la portavoz no emitió un juicio, pero instó a España a utilizar su influencia internacional para respaldar los mecanismos de investigación y justicia. Concretamente, pidió al Gobierno español que apoye la renovación de la misión de determinación de los hechos de la ONU, que respalde el proceso de jurisdicción universal iniciado en Argentina y que colabore con la investigación de la Corte Penal Internacional.
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