El Gobierno ultima la vía para intentar acortar a la mitad y de forma retroactiva los plazos para devolver a los migrantes
El Gobierno continúa trabajando a contrarreloj para presentar, a más tardar el próximo martes, una reforma legislativa que permita reducir al máximo los plazos de tramitación de los expedientes de los migrantes que se encuentran actualmente en Ceuta. La norma, que se espera sea aprobada en el próximo Consejo de Ministros y convalidada por el Congreso en el plazo de un mes, se aplicará de manera retroactiva, de modo que los procedimientos en curso se vean beneficiados de inmediato.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha sido designado con mando único en Ceuta hasta final de año. Tras la reunión del Gabinete, el ministro adelantó que el Ejecutivo está estudiando todas las opciones para acortar los plazos “al máximo”, aunque todavía no dispone de la fórmula jurídica definitiva.
Objetivo de la reforma: reducir los 12 semanas actuales
En la actualidad, los retornos de inmigrantes siguen un proceso de 12 semanas que se divide en seis semanas de trámites administrativos y seis semanas de trámites judiciales, plazo máximo establecido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). El Gobierno pretende reducir esos plazos, llegando incluso a la “mit” (máximo tiempo) si fuera posible, sin menoscabar los derechos fundamentales.
Para lograrlo, la vía más probable será la del Real Decreto‑ley, que permite su publicación en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente del Consejo de Ministros y su entrada en vigor inmediata, dejando al Congreso un mes para convalidarlo o rechazarlo. Esta forma de actuación excluye la materia de derechos y libertades especialmente protegidos, que requieren mayoría absoluta.
Según el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, la mayoría de los migrantes que ingresaron irregularmente el 30 y 31 de julio provienen de Marruecos, considerado país seguro por la UE. Por tanto, la mayoría se encuentra en situación de migración económica y, de no regresar voluntariamente, será expulsada de España.
En Ceuta hay actualmente 2 742 personas en triaje, de los cuales 1 827 están alojados en las distintas infraestructuras habilitadas. Además, el número de menores no acompañados asciende a 2 383, y la prioridad del Gobierno sigue siendo la reagrupación familiar.
Los triajes, proceso que consiste en una entrevista inicial con la Policía o la Oficina de Atención al Refugio (OAR), han generado un notable aumento de los retornos voluntarios, alcanzando entre 150 y 200 personas al día. Desde el 10 de agosto se registran 7 099 retornos voluntarios y 364 expulsiones por delitos cometidos.
El proceso de solicitud de asilo puede durar hasta 12 semanas. Tras la entrevista inicial se abre un expediente que, en promedio, se resuelve en dos semanas; posteriormente, el caso pasa a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Si la CIAR deniega la protección, la decisión se publica en el BOE y el interesado dispone de 10 días hábiles para interponer recurso ante la Audiencia Nacional, que podría verse saturada por el volumen de recursos.
En cuanto a los menores, el Gobierno ha anunciado la creación de plazas adicionales (hasta 10 000) para evitar que Ceuta se convierta en un CETI. Se espera liberar entre 50 y 80 plazas en las actuales infraestructuras, y se está negociando con el presidente de la Junta de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la reubicación de los menores a otras comunidades autónomas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, se reunieron en Nueva York para reiterar la disposición de Marruecos a acoger a los menores que regresen. Sin embargo, el Gobierno español señala que la devolución de menores sigue sujeta a trámites y garantías específicas, y recuerda que en la crisis migratoria de 2021 quedaron 600 expedientes de menores sin respuesta.
Fuentes cercanas al ministro Torres estiman que, para noviembre, la situación podría estabilizarse y no sería necesario ampliar el mandato de mando único más allá del 31 de diciembre de 2026. El éxito de la reforma dependerá, en gran medida, del incremento de los retornos voluntarios y de la capacidad de acortar los plazos de manera retroactiva, lo que, según el Ejecutivo, desincentivará nuevos intentos de cruce.
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