Cómo cambiar de versión sobre Marruecos en Ceuta sin molestar a Mohamed VI
El inicio del curso escolar ha sido, sin duda, el peor para el presidente Pedro Sánchez desde que asumió la presidencia del Gobierno, y la reciente crisis en la frontera de Ceuta ha agravado aún más la situación política.
El asalto a la ciudad autónoma ha sumado un nuevo motivo de desgaste a los ya numerosos escándalos de corrupción. Además, ha puesto de manifiesto dos aspectos que trascienden la gestión interna: la incapacidad del Ejecutivo para proteger la frontera sur y la evidente falta de margen de maniobra de Sánchez frente a Marruecos.
Las encuestas evidencian el descontento popular
El lunes 7 de septiembre, el presidente se encontró con los resultados de una encuesta realizada por 40 Decisiones en El País. El titular resaltaba que “el 90 % de la sociedad española culpa a Marruecos de la crisis de Ceuta”. El segundo mensaje mostraba que el 63 % de los encuestados considera que Sánchez ha gestionado “muy mal” (49,9 %) o “mal” (12,8 %) la situación.
Estas cifras llegan en un momento en que el Gobierno, tras más de 40 días desde el inicio del asalto, todavía tiene a miles de inmigrantes –el propio Ejecutivo estima alrededor de 5 000 personas– en las calles y playas de Ceuta, sin un horizonte claro de normalización. El ministro de Exteriores había prometido el 11 de agosto que “todos los emigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente” serían devueltos a Marruecos de forma inmediata, una promesa que aún no se ha materializado.
En la fase de comunicación, la encuesta se ha convertido en una respuesta inevitable: la gran mayoría de los españoles atribuye la crisis a Marruecos y juzga negativamente la actuación del presidente.
Sánchez, que rara vez acepta críticas, defendió su gestión la semana pasada en la “Cena Ser”. Ante el deterioro de los indicadores, el equipo del Ejecutivo ha puesto en marcha una ofensiva mediática para intentar revertir las encuestas, que sitúan al PSOE alrededor de 100 escaños y colocan a la derecha (PP + Vox) por primera vez por encima del 50 % de intención de voto.
Como parte de esa estrategia, mañana el presidente aparecerá en el programa “Mañaneros 360” de Televisión Española. La decisión ha generado polémica dentro del Consejo de Informativos del medio público, que considera que la entrevista debería ser realizada por los profesionales de la cadena y no por una productora externa. Sánchez también ha concertado conversaciones con los periodistas Cintora, Esther Palomera y el Gran Wyoming, con la intención de limitar los riesgos y mantener la confianza de los votantes que todavía dudan.
El objetivo de la ofensiva mediática y de la desclasificación de documentos es doble: eludir la responsabilidad propia y exculpar a Marruecos. Sin embargo, el cambio respecto a la culpa de Marruecos parece meramente cosmético. El ministro de Sanidad, José Marlaska, reiteró el lunes que “no existe ningún dato que apunte en esa dirección” y, de existir, él mismo se encargaría de difuminarlo.
El Gobierno anunció la publicación de 40 documentos, con dos finalidades: demostrar que ningún organismo de seguridad alertó sobre una posible avalancha de casi 80 000 personas y mantener a Marruecos fuera de cualquier acusación de responsabilidad en el asalto.
Algunas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Albares, han intentado minimizar la cuestión de la soberanía, recordando que “aquí no nos gusta que se reclame la soberanía sobre Ceuta y Melilla”. No obstante, resulta imposible señalar a Marruecos sin provocar una confrontación con el rey Mohamed VI.
La versión oficial del Gobierno, que menciona la participación de mafias, hackers israelíes y rusos, y la ultraderecha, ha sido rechazada incluso por los medios más afines al oficialismo. La situación se complica porque una jueza de la Audiencia Nacional está dispuesta a profundizar en el caso. El auto de 7 de septiembre desmonta con precisión la teoría conspirativa del presidente, confirmando que la invasión se planificó desde Marruecos con la colaboración de la gendarmería marroquí.
Atacar a la magistrada María Tardón y a la unidad policial CENIF, que elaboró el informe más crítico para el Gobierno, no ha sido la mejor estrategia para esclarecer la verdad. La portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, defendió la descalificación de la imparcialidad de Tardón realizada por Óscar Puente, lo que evidencia la preocupación que la investigación penal genera dentro del equipo de Sánchez.
En definitiva, el Ejecutivo ha vuelto a arremeter contra la Justicia cuando los jueces cumplen con su deber, consolidando un nuevo modus operandi que busca proteger al presidente a costa de la independencia judicial.
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