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El 16 de abril de 2025 el magistrado del Tribunal Supremo Juan Carlos Peino citó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, como testigo en el procedimiento judicial que investiga a la exministra Begoña Gómez. La comparecencia tuvo lugar en el despacho de la Moncloa y estuvo marcada por una serie de peticiones del titular del Ministerio: solicitó el uso de un coche oficial para llegar al tribunal, exigió que se instalara una tarima para situarse por encima del ministro y, durante el interrogatorio, interrumpió la sesión para que Bolaños pudiera consultar un dato que alegó desconocer.

Ante lo que consideró una vulneración de la dignidad del cargo, el ministro presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras un año y medio de diligencias, el órgano judicial archivó la denuncia. Bolaños recurrió la decisión, acusando al Consejo de “corporativismo” y de favorecer a sus propios miembros.

Reacción y controversia

El recurso del ministro llegó con la impresión de que el veredicto ya estaba decidido. Si el CGPJ modificara su postura, se interpretaría como una capitulación ante la presión del Gobierno; si confirmara el archivo, se reforzaría la acusación de Bolaños de que el tribunal protege a sus propios integrantes. En cualquier caso, la decisión parecía predeterminada, lo que deja al Ministerio de Justicia sin argumentos sólidos para disputar la resolución.

El voto que respaldó el archivo no provino de un bloque monolítico. Entre los vocales que apoyaron la medida figura Carlos Hugo Precio, designado por la coalición Sumar, que ha mantenido una relación cercana con el propio Gobierno de Bolaños. Esta coincidencia ideológica ha llevado al ministro a calificar el archivo de “corporativismo”, pese a que la decisión fue tomada por representantes de distintas tendencias políticas.

El episodio forma parte de una serie de situaciones en las que Félix Bolaños ha cuestionado públicamente las decisiones del poder judicial, rompiendo con el protocolo que se espera de quien ocupa la cartera de Justicia. Tradicionalmente, el ministro debe actuar con contención y respeto hacia la independencia judicial, reconociendo que los tribunales no son una herramienta del Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos meses se ha observado un patrón de críticas que asocian a la judicatura con “sesgo”, “connivencia” o “resistencia corporativa” cada vez que una resolución resulta incómoda para la Moncloa.

Este estilo de confrontación ha generado preocupación entre analistas y juristas, que advierten sobre el riesgo de erosionar la confianza en la separación de poderes. La percepción de que el Gobierno intenta influir en decisiones judiciales, ya sea mediante acusaciones de corporativismo o mediante insinuaciones de parcialidad, puede debilitar la credibilidad de ambas instituciones.