La jueza Tardón impulsa una macrocausa para investigar la entrada masiva en Ceuta
La Audiencia Nacional ha intensificado la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, que provocó la muerte de casi un centenar de personas. La magistrada María Tardón, encargada de la pieza principal del proceso, ha solicitado la acumulación de diligencias para transformar la causa en una macroinvestigación única que abarque todo lo ocurrido antes, durante y después de la avalancha.

El expediente, conocido como “MRE”, se originó a partir de una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa y una querella posterior de Hazte Oír. Ambas organizaciones, junto a los partidos Vox y el PP, ejercen la acusación popular dentro del mismo procedimiento. El objetivo de la investigación es esclarecer las circunstancias de la entrada masiva desde Marruecos, identificar a los presuntos organizadores y determinar las consecuencias en territorio español.
Cronología de las alertas y la respuesta institucional
- 27 de julio: la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta advierte de una posible “entrada masiva de inmigrantes”.
- 29 de julio: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) envía a Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, un mensaje a las 13:52 h alertando sobre un “llamamiento para asalto por valla y mar” previsto para el día siguiente.
- 30 de julio: el CNI emite nuevas alertas sobre el riesgo de colapso en Ceuta y Melilla y la posibilidad de un traslado posterior a la península.
- 31 de julio: se actualiza el riesgo y se mantiene la comunicación hasta el 4 de agosto, ante la eventualidad de desplazamientos marítimos desde Ceuta hacia la costa de Cádiz.
Tras la desclasificación de los mensajes del CNI, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sostuvo en rueda de prensa que dichos avisos “no constituían una alerta ni un informe”. Sin embargo, su jefe de gabinete renunció al día siguiente y afirmó que la información del CNI había sido transmitida al delegado “el mismo día”, incluida la llamada telefónica de 11 minutos realizada a las 21:34 h.
El diputado socialista de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, declaró en televisión que Pérez Triano estaba presente durante la llamada y que “sabía todo lo que iba a pasar”. El delegado, por su parte, ha negado conocer tanto los mensajes como la conversación y ha descartado dimitir. Hazte Oír ha solicitado que León sea citado como testigo para esclarecer los hechos.
En su auto de competencia, la jueza Tardón ha requerido a los juzgados de Ceuta (plazas 3 y 4) que remitan las diligencias relacionadas con los fallecimientos ocurridos tanto en la playa marroquí de Fnideq como en la zona de El Tarajal, así como cualquier procedimiento por lesiones derivado de la entrada. Además, ha pedido a la plaza 6 del juzgado de la ciudad autónoma –a cargo de la causa contra el delegado Pérez Triano– que valore si debe inhibirse y remitir sus investigaciones a la Audiencia Nacional.
La querella contra Pérez Triano, impulsada por Hazte Oír, investiga presuntos delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave cometidos por omisión durante los hechos. Otra investigación, también originada por la misma asociación, se centra en los ataques sufridos por policías, militares y vecinos durante la entrada masiva; hasta ahora permanece bajo la competencia de los juzgados de Ceuta.
Según fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la causa es “compleja” y que su desarrollo dependerá en gran medida de la colaboración de las autoridades marroquíes. El CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) ha remitido a la magistrada 34 fichas que identifican a agentes uniformados y “dinamizadores” marroquíes detectados durante la operación.
El informe del CENIF señala que la movilización estuvo “organizada desde Marruecos”, con un “guía activo” de agentes marroquíes que orientaron a los migrantes para superar los obstáculos y alcanzar la zona fronteriza y las aguas de El Tarajal. La magistrada comparte esta hipótesis y ha pedido que se investigue a fondo a los presuntos responsables que operan desde territorio marroquí o en estrecha vinculación con él.
En cuanto a las víctimas, la investigación deberá esclarecer las circunstancias de los 83 cuerpos recuperados en aguas españolas y determinar las posibles responsabilidades derivadas de esos fallecimientos. La Fiscalía ha iniciado la revisión de los informes policiales incorporados al expediente y planea, una vez identificados los presuntos organizadores, solicitar comisiones rogatorias para tomar declaraciones en Marruecos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue estudiando los documentos y espera la cooperación de las autoridades marroquíes para avanzar en la identificación de los agentes y estructuras involucradas en la operación que, según la magistrada, constituye un “grave ataque” a la integridad territorial de España y un fenómeno “complejo, organizado y de carácter claramente supranacional”.
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