Descubre por qué las democracias están obsesionadas con Madrid
En agosto de 1936 gran parte del cuerpo diplomático español se encontraba refugiado en un hotel de Hendaya, al otro lado de los Pirineos. Cuando estalló la Guerra Civil, varias embajadas, entre ellas la británica, evacuaron allí a sus misiones. El embajador británico, Henry Chilton, decidió no volver a Madrid, al considerarlo demasiado peligroso, mientras que los diplomáticos franceses también cruzaron la frontera. El representante estadounidense, Claude Bowers, que había sido sorprendido por la sublevación mientras pasaba el verano en Fuenterrabía, pasó la totalidad del conflicto fuera de España, estableciéndose en Saint‑Jean‑de‑Luz. Cada tarde los delegados se reunían para intercambiar información; mientras Irún ardía, la bahía de Hendaya se convertía en el punto de transmisión de noticias hacia Londres y Washington.
Desde ese enclave se enviaban a las capitales aliadas los datos que llegaban a la metrópoli española de forma indirecta: consulados, refugios, corresponsales y la prensa. En una carta fechada el 26 de agosto en Hendaya, Bowers informó a Washington que “nueve décimas partes de las informaciones de prensa eran falsas”, subrayando la dificultad de distinguir la realidad entre el caos del frente.
Cronología de decisiones clave en agosto de 1936
Durante esas mismas semanas se definieron las políticas de no intervención que marcarían el curso de la guerra:
- 20 julio – El presidente del Gobierno republicano, José Giral, solicitó armas al ministro francés Léon Blum.
- 23 julio – Blum viajó a Londres para consultar la posición británica.
- 25 julio – El Gobierno francés prohibió la entrega de material bélico terrestre y aéreo a España.
- 1 agosto – Francia propuso a las potencias europeas un acuerdo de no intervención.
- 7 agosto – La crisis interna del Frente Popular obligó a Blum a salvar el acuerdo adoptando la “fórmula inglesa”.
- 8 agosto – El Consejo de Ministros francés acordó presentar la propuesta a las demás potencias.
- 13 agosto – Francia cerró su frontera con España y, ese mismo día, el enviado británico George Ogilvie‑Forbes partió de la estación Victoria de Londres para asumir la representación diplomática en Madrid. Llevaba consigo un fardo de banderas británicas destinadas a servir como salvoconductos y, desde Marsella, viajaba en destructor con destino a Valencia, llegando ya después de que el acuerdo estuviera firmado.
Estas decisiones fueron tomadas en un lapso de apenas tres semanas, a partir de la frontera francesa, basándose en fuentes indirectas y en un clima de incertidumbre que limitó la precisión de la información disponible.
El historiador Ángel Viñas, en obras como La soledad de la República (Ediciones Crítica), sostiene con amplio respaldo documental que la política de no intervención fue una de las mayores desventajas de la República. Su argumento, que sigue sin ser refutado, señala que mientras la Alemania nazi y la Italia fascista enviaban aviones, armas y tropas a los sublevados, Londres y París se refugiaron en un embargo que equiparó al gobierno legítimo con los rebeldes. Las tres dictaduras europeas podían intervenir sin rendir cuentas a un parlamento democrático; las dos democracias, en cambio, optaron por la inacción.
Viñas también reconoce la participación soviética, describiendo la “oscuridad” de la ayuda de Moscú a través de la NKVD y señalando la influencia de agentes soviéticos en episodios como los crímenes de Paracuellos, atribuyendo un papel central a Pedro Fernández Checa. Su postura difiere de la de Julius Ruiz, quien niega la existencia de una dirección extranjera y afirma que fueron españoles los que organizaron y ejecutaron esos actos.
No obstante, la crítica que se dirige a Viñas no radica en una supuesta ocultación de la responsabilidad soviética, sino en la falta de indagación sobre la procedencia de la información que guiaba a los gabinetes de Londres y París. La documentación diplomática revela que los gobiernos tomaron sus decisiones en base a fuentes indirectas, sin conocer plenamente la magnitud de la violencia en la retaguardia ni la naturaleza de los crímenes cometidos en los primeros meses de la guerra.
Lo que realmente inquietaba a Londres no era la violencia per se, sino la desaparición del monopolio estatal de la fuerza: la proliferación de comités, milicias de vigilancia y organismos policiales paralelos que amenazaban el control del Estado. Los informes diplomáticos estadounidenses registran el temor británico a que una victoria del Gobierno español implicara la imposición del comunismo y el desorden, una percepción que, aunque distorsionada, influyó decisivamente en la política de no intervención.
En el caso de Francia, la postura de Léon Blum puede explicarse sin apelar al miedo al comunismo, sino a intereses imperiales, temores a la expansión de Hitler y cálculos estratégicos internos. La política de no intervención, adoptada en agosto, quedó consolidada antes de los crímenes de Paracuellos, ocurridos en noviembre, y sirvió para hacer irreversible la decisión tomada en la penumbra del verano de 1936.
En síntesis, el reproche no se dirige a la valentía o falta de ella de los gobiernos británico y francés, ni a una supuesta omisión de la NKVD por parte de Viñas, sino a la rapidez con la que dos democracias sellaron el destino de un país vecino, basándose en información fragmentaria y operando desde la frontera, sin una presencia significativa en la capital sobre la cual se decidían los destinos de la República.
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