El Congreso Catalán de Sostenibilidad concluye que las empresas mantienen la apuesta por la sostenibilidad "a pesar del freno regulador europeo"
En medio de la incertidumbre regulatoria y del retraso en la transposición de la CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) al marco normativo español, numerosas empresas que ya reportaban información no financiera han decidido seguir haciéndolo, aunque a corto plazo no exista una obligación legal clara. Así lo concluyó el IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de Auditores de Cuentas de Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El contexto regulatorio y la continuidad del reporting ESG
Un año después de la aprobación del paquete legislativo Ómnibus, que simplifica la normativa de la UE en materia de sostenibilidad, el congreso destacó que la nueva regulación ha limitado el alcance de la CSRD, pero no ha mermado el compromiso de las empresas con la sostenibilidad. Informes recientes, como Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus de la empresa tecnológica Osapiens, indican que el 90 % de las compañías excluidas de la obligación de informar por el paquete Ómnibus pretenden mantener sus informes ESG. Este dato es especialmente relevante porque, con los cambios normativos, sólo estarán obligadas a reportar a partir del 1 de enero de 2027 las empresas con más de 1.000 empleados y una facturación neta superior a 450 millones de euros.
En este sentido, Joan Vall, presidente del Colegio de Auditores de Cuentas de Cataluña, afirmó que “la sostenibilidad está pasando de ser un cumplimiento normativo a convertirse en una práctica de buena gestión empresarial”, lo que refuerza el papel de los auditores y expertos en reporting no financiero para acompañar a las organizaciones que deciden continuar informando de forma voluntaria.
Por su parte, Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, subrayó que “la sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental, sino también de eficiencia económica, ya que el coste de no actuar supera con creces al de emprender la transformación”. Además, destacó la necesidad de un marco regulatorio más claro, estable y coherente que facilite la transición y permita avanzar con seguridad, pues la sostenibilidad trasciende el debate político y constituye una exigencia nacional.
Los ponentes identificaron tres perfiles de empresas en el nuevo escenario:
- Empresas que continuarán reportando de forma voluntaria, manteniendo una importante relevancia.
- Empresas que dejarán de hacerlo una vez desaparezca la obligación legal.
- Empresas que, además de informar voluntariamente, optarán por la verificación externa de la información como garantía de credibilidad, transformando la verificación de una obligación a una decisión de confianza, transparencia y buen gobierno.
Los expertos coinciden en que la regulación está impulsando una evolución de un modelo de sostenibilidad basado en proyectos puntuales hacia un modelo de gestión integral, donde la sostenibilidad se convierte en una dimensión estructural del negocio. La realidad demuestra que no solo la normativa obliga, sino también el mercado: clientes, inversores, proveedores y las exigencias de matrices internacionales empujan a las compañías a integrar la sostenibilidad en su gestión diaria.
Este entorno refuerza la necesidad de mantener el reporting ESG, que no solo refleja el compromiso medioambiental y la buena gobernanza, sino que también se constituye en una herramienta decisiva para la toma de decisiones estratégicas. El acceso a financiación verde o sostenible, vinculado a indicadores sectoriales específicos (emisiones de CO₂, eficiencia energética, uso de recursos hídricos o gestión de residuos), permite canalizar inversiones hacia la modernización de procesos y tecnologías.
Movilidad, finanzas y seguros sostenibles
Durante el congreso, la presencia de Víctor Creixell, CEO de Trebe Environmental Services, y dª Àngels Fitó, rectora de la UOC y vicedecana del CEC, permitió analizar los retos actuales de la información corporativa sobre sostenibilidad. Fitó enfatizó que “la sostenibilidad es una estructura de confianza; las empresas necesitan datos sólidos, las administraciones deben tomar decisiones complejas y la ciudadanía exige coherencia entre lo que medimos y lo que hacemos”. Asimismo, resaltó la responsabilidad de las universidades en formar profesionales capaces de comprender esta complejidad y transformarla en conocimiento útil.
Creixell, por su parte, afirmó que “la sostenibilidad ya no se puede concebir como un ejercicio aislado de reporting o cumplimiento normativo. Debe formar parte de la manera en que las empresas operan, toman decisiones y generan valor. Para Trebe, el ESG es un concepto que refuerza la competitividad y el impacto positivo a largo plazo”.
El congreso también abordó casos del sector de la movilidad, con la participación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Direxis‑Tusgsal, Sagalés y el Comité para el Traspaso Integral de Cercanías. Además, se discutieron los retos de la recopilación, procesamiento y difusión de datos de sostenibilidad dentro de una estrategia de negocio, con la intervención de representantes de Molins, Nestlé España, Aigües de Barcelona y Abertis.
En la mesa de trabajo sobre finanzas y seguros sostenibles, participaron Banco Sabadell, VidaCaixa, Caja de Ingenieros Vida y Cajamar, analizando cómo los productos financieros y aseguradores pueden alinearse con los criterios ESG para fomentar la transición sostenible.
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