El excomisario Villarejo, sobre 'Kitchen': "Bárcenas nunca tuvo los documentos con los que amenazaba al PP"
José Manuel Villarejo, el excomisario nacido en El Carpio (Córdoba) en 1951, compareció en la sala de audiencias del juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional sin su habitual boina azul, sino con una gorra negra de visera. Tras acomodarse en la sala de redacciones de El Independiente, tomó un café y declaró que su mente se mantenía “afilada”. Villarejo es uno de los principales acusados en el llamado “caso Kitchen”, un proceso que se encuentra en sus últimas etapas tras casi cuatro meses de investigación.
La Fiscalía sostiene que, entre 2013 y 2015, el entonces Ministerio del Interior habría organizado una trama parapolicial para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Por este motivo, la acusación solicita la pena más alta prevista: 19 años de prisión.
El proceso judicial y las acusaciones
El caso se ha construido, según la Fiscalía, fundamentalmente a partir de los diarios personales de Villarejo y de una serie de audios obtenidos de sus dispositivos. El fiscal alega que esas anotaciones —reflexiones del propio Villarejo, conversaciones con fuentes y planteamientos personales— constituyen la base de la acusación, argumentando que “Villarejo no se miente a sí mismo”.
Sin embargo, Villarejo ha señalado una contradicción importante: en muchos de sus diarios menciona contactos con el CNI y con figuras como Juan García, mientras que Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, ha afirmado que “Villarejo jamás tuvo ninguna relación con el CNI”. El excomisario se pregunta entonces por qué esas anotaciones deberían ser consideradas veraces si sus propias afirmaciones sobre la relación con el CNI resultan falsas.
Villarejo sostiene que, sin sus diarios y los audios (una parte de los 14 terabytes hallados en sus registros), no existiría el “caso Kitchen”. Según sus declaraciones, la investigación habría sido utilizada por el Partido Popular, entonces en el Gobierno, para detenerlo sin ser plenamente consciente del daño que ello provocaría a sus propias estructuras, incluyendo al Cuerpo Nacional de Policía.
De acuerdo con el relato de Villarejo, la “operación Kitchen” se originó porque el comisario Enrique García Castaño no logró captar a determinadas fuentes. Por su reputación como captador de fuentes humanas, le solicitaron que intercediera, entre otras, con el chófer y guardaespaldas de la familia Bárcenas, Sergio Ríos.
El objetivo, según Villarejo, era conseguir documentación que vinculase a Luis Bárcenas con la Corona, bajo la premisa de que el extesorero disponía de información sobre el Rey Emérito, sus testaferros, fiduciarios y cuentas offshore. Villarejo asegura haber sido puesto en contacto con el responsable de fuentes humanas del CNI, iniciando una actuación “muy reservada” por su posible impacto en la seguridad del Estado.
El excomisario también acusa a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, de haber aprovechado la discreción del caso para encubrir posibles irregularidades relacionadas con sobres de dinero y pagos al PP. Según Villarejo, Rajoy, desconfiado, habría canalizado la información a través de varios interlocutores, incluido el ministro de la Presidencia, Fernando Fernández Díaz.
En cuanto a los audios, Villarejo afirma que, aunque fueron obtenidos por el empresario Javier Pérez Dolset, el juez instructor Manuel García Castellón no los consideró suficientes para imputar a la entonces consejera de la Presidencia, María Dolores de Cospedal.
Villarejo también recuerda su detención en noviembre de 2017, en el marco del “caso Tándem”, y la posterior prisión preventiva que duró hasta marzo de 2021. Desde entonces ha sido condenado a 19 años de prisión por delitos de revelación de secretos y falsedad documental en los expedientes “Iron”, “Land” y “Pintor”, y a tres años y medio por revelación de secretos en el llamado “caso Dina”.
El excomisario describe la prisión como una etapa “muy dura” y “psicológicamente devastadora”. Durante la pandemia estuvo recluido en una celda con un interno condenado por asesinato, con comunicaciones intervenidas y visitas familiares controladas, lo que, según él, limitó su capacidad de defensa.
Finalmente, Villarejo asegura que los 14 terabytes de datos hallados en su caja fuerte constituyen una “Atapuerca” de los últimos 40 años de la vida política y de seguridad española. Afirma que gran parte del material fue grabado con autorización del CNI y que, de haber tenido esas grabaciones, habría podido utilizarlas para contrarrestar las acusaciones en su contra.
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