El expresidente de la SEPI admite que se reunió con Globalia antes de abrir el expediente del rescate de Air Europa
El exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha reconocido ante el juez que investiga el rescate de Air Europa que mantuvo reuniones con el equipo técnico‑jurídico de Globalia antes de que se abriera el expediente para la ayuda pública.
Según fuentes jurídicas citadas por El Independiente, los encuentros tuvieron lugar en junio y julio de 2020 y la ayuda, de 475 millones de euros, fue finalmente concedida a la compañía en noviembre del mismo año. Lora ha negado cualquier irregularidad en el procedimiento.
Declaración ante la justicia
Lora compareció en los juzgados de Plaza de Castilla poco antes de las 9:30 h y compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que lo investiga por presunto delito de prevaricación administrativa. La comparecencia duró poco más de una hora y media, durante la cual respondió a todas las preguntas formuladas por el juzgado.
El expediente del rescate de Air Europa se abrió en agosto de 2020 y fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros, convirtiéndose en la segunda ayuda más cuantiosa del SEPI, solo superada por el rescate de la acerera Celsa (550 millones). Además, se trata del rescate más rápido en concederse.
Lora explicó que las reuniones previas con representantes de Globalia y con el Ministerio de Economía tenían como objetivo “agilizar” la concesión de la ayuda a la aerolínea.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió el año pasado que, el 3 de septiembre de 2020, el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, contactó telefónicamente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mientras se negociaba la inyección de fondos públicos a Air Europa. El mensaje fue transmitido por Víctor de Aldama al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.
En este mismo sentido, Lora ha negado haber mantenido interlocución con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien fue condenado a 24 años de prisión el 22 de junio pasado por su participación en la trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El juez José María Escribano acordó a principios de este mes investigar las gestiones que rodearon al rescate de Air Europa. En el auto de investigación contra Lora, el magistrado también requirió a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) la entrega del expediente completo del rescate, las actas de las reuniones del Consejo Gestor y una lista con los nombres de los secretarios, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados. Hasta la fecha, dicha documentación no ha sido presentada.
El instructor solicitó identificar a esos cargos para citarlos “de la forma que corresponda” una vez se haya tomado la declaración de Lora, dejando abierta la posibilidad de imputar a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. De la Rocha asistió a la reunión del 29 de octubre de 2020 en la que el Consejo Gestor dio el visto bueno a la ayuda, posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
El Consejo Gestor del FASEE tenía la misión de elevar al Consejo de Ministros las propuestas de rescate, tras estudiar las operaciones y verificar su ajuste a la normativa. Lora encabezó dicho consejo después de que Vicente Fernández, presidente del holding público, fuera cesado por su implicación en el caso de la mina de Aznalcóllar.
Además de la actual ministra para la Transición Ecológica (entonces secretaria de Estado), formaban parte del Consejo Gestor la entonces secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva (actual presidenta de Patrimonio Nacional); el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; y el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Javier Loriente.
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