El fraude electoral que agita Vox, un calco a Trump y a sus socios para movilizar a la derecha

Esta semana Vox volvió a poner en tela de juicio la fiabilidad de los procesos electorales, centrándose en las próximas elecciones generales. No se trata de un caso aislado: desde su irrupción a nivel nacional en 2019, el partido liderado por Santiago Abascal ha adoptado una estrategia constante de deslegitimar el sistema electoral, especialmente cuando los resultados no se ajustan a sus expectativas.

Durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, Vox cuestionó el aumento de votos nulos y alegó presuntas irregularidades que nunca logró demostrar. En las municipales y autonómicas de mayo de 2023, el partido aprovechó la controversia generada por la difusión de información sobre el voto por correo para sembrar dudas sobre la integridad de ese sufragio anticipado. En ese contexto surgió la denuncia de una supuesta organización en Melilla que compraba votos; aunque la investigación no llegó a ninguna conclusión, la sospecha permaneció en la opinión pública.

La polémica se intensificó de nuevo en las elecciones generales de julio, a pesar de que los resultados fueron desfavorables para la izquierda. En esa ocasión, Abascal instó a los ciudadanos a “supervisar” el voto en los colegios y señaló a Indra, empresa con participación estatal que gestiona los datos electorales del recuento, como posible punto vulnerable del proceso.

Contexto y antecedentes de la estrategia de deslegitimación

Hasta ahora, Vox había manifestado desconfianza puntual en el sistema electoral, pero nunca había insinuado tan abiertamente que el propio Gobierno y el presidente Pedro Sánchez pudieran estar dispuestos a “pucherazo” para mantenerse en el poder. Esta acusación constituye un escalón más en la narrativa del partido de presentar al Gobierno como “ilegítimo” y “corrupto”, una visión que se consolidó tras los acuerdos con el independentismo y la polémica sobre la amnistía.

En junio de 2024 Vox presentó una iniciativa para reformar la ley electoral y separar el voto por correo en urnas independientes, con el objetivo de “garantizar la actuación en caso de irregularidades”. La propuesta fue rechazada en el pleno. Durante la comparecencia en el pleno monográfico sobre corrupción, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de “maniobrar para alterar las generales y mantenerse en el poder”, mientras exigía una convocatoria electoral inmediata.

El objetivo de Vox no es únicamente justificar una posible derrota, sino mantener una movilización permanente de su electorado y evitar que la derecha tradicional se relaje antes de las próximas elecciones generales, en un contexto en el que Sánchez parece cada vez más acorralado y desgastado. El partido también busca ampliar su base entre los descontentos con el sistema, los abstencionistas y quienes dudan de la legitimidad de la democracia.

Comparaciones internacionales

• Donald Trump (EE. UU.): Tras la derrota ante Joe Biden en 2020, el expresidente impulsó la teoría del fraude electoral, centrando sus críticas en el voto por correo y en estados clave como Georgia y Pennsylvania. Las denuncias fueron desestimadas por la justicia tras múltiples auditorías y recuentos manuales que confirmaron la victoria de Biden.
• Jair Bolsonaro (Brasil): Tras la victoria de Luiz in Lula da Silva en 2022, Bolsonaro y sus seguidores intentaron impugnar los resultados, alegando vulnerabilidades del sistema de urnas electrónicas sin presentar pruebas concretas. La deslegitimación culminó en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes y la condena de Bolsonaro por conspiración contra el Estado.
• Javier Milei (Argentina): En la campaña presidencial de 2023, Milei cuestionó la imparcialidad del organismo encargado del recuento, como Indra en España, aunque se refirió a “irregularidades” sin especificar detalles ni evidencias.
• Europa: A diferencia de los casos americanos y latinoamericanos, los partidos de derecha europeos que comparten la visión de Vox (por ejemplo, el partido de Viktor Orbán en Hungría) no han puesto en duda la validez de sus sistemas electorales, limitándose a criticar la influencia de élites y medios de comunicación.

En el plano interno, Vox también ha señalado supuestos intentos de modificar el censo electoral a través de la inmigración y la denominada “Ley de Nietos”. El partido denuncia la regularización extraordinaria de hasta medio millón de inmigrantes como una maniobra para ampliar el padrón electoral en favor del Gobierno. Sin embargo, esa regularización otorga únicamente la residencia, no la nacionalidad, que es requisito indispensable para votar.

Respecto a la Ley de Nietos, vigente entre 2022 y 2025 para la reparación de la memoria democrática, Vox argumenta que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura podría favorecer al PSOE y sus socios. Según los datos oficiales, se han presentado alrededor de 2,5 millones de solicitudes, de las cuales más de medio millón ya han sido resueltas. No existe aún una estimación oficial de cuánto crecerá el censo electoral ni en qué provincias tendría mayor impacto.

El Partido Popular mantiene una postura ambigua. En una entrevista reciente, Feijóo comentó sobre la posible “modificación del censo a través de la Ley de Nietos”, señalando la necesidad de ordenar la cuestión, sin reconocer que la iniciativa nació como una medida de reparación y no como una estrategia electoral. El PP, aunque ha criticado la ampliación del cuerpo electoral, se ha abstenido de unirse a la acusación de fraude sin pruebas que Vox ha lanzado.

En conclusión, la reciente ofensiva de Vox contra la integridad del proceso electoral refleja una estrategia de deslegitimación que busca perpetuar la movilización de su electorado, diferenciarse de la derecha tradicional y crear un clima de sospecha que, según el partido, justifica la exigencia de elecciones anticipadas.