El Gobierno aprobará una prestación para los trabajadores afectados por los incendios
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, en el Consejo de Ministros, un Real Decreto‑Ley destinado a ampliar la protección de los trabajadores y las empresas afectados por los incendios forestales que han asolado diversas zonas del país. Hasta la fecha, los siniestros han quemado más de 172 000 hectáreas, una cifra seis veces superior a la del año anterior.
Impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el nuevo Real Decreto‑Ley incorporará una prestación extraordinaria y temporal diseñada para cubrir situaciones de emergencia extrema que hasta ahora no disponían de cobertura legal. La medida contempla a los trabajadores que hayan sido evacuados, hayan perdido su vivienda o se encuentren desplazados como consecuencia de los incendios, aun cuando sus empresas no se hayan visto directamente afectadas.
Detalles de la medida
Según fuentes del Ministerio, la novedad principal de este mecanismo reside en que el Estado asumirá el coste de la inactividad laboral de los trabajadores afectados, incluyendo tanto el salario como las cotizaciones a la Seguridad Social. El diseño definitivo de la prestación sigue en fase de negociación.
La iniciativa complementa los mecanismos de protección ya previstos en la legislación laboral, creando una ayuda específica financiada con fondos públicos para los empleados que hayan perdido su vivienda o se encuentren desplazados por los incendios. A diferencia de los permisos por causas climáticas contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, esta prestación no supondrá ningún coste para las empresas.
Ampliación del permiso por fallecimiento
El Real Decreto‑Ley también prevé una ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de familiares en el contexto de estas catástrofes. El Ministerio de Trabajo propone añadir cinco días adicionales a los ya establecidos, duplicando la duración del permiso por luto hasta alcanzar un total de diez días.
Esta regulación de urgencia se suma a las herramientas de protección existentes en el Estatuto de los Trabajadores, como la posibilidad de que las empresas afectadas suspendan contratos o reduzcan jornadas mediante ERTE por fuerza mayor.
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