El Gobierno quiere frenar el 'boom' de centros de datos con una regulación para autorizar sólo "los mejores"
El futuro de los centros de datos en España se presenta como una oportunidad para atraer inversión y generar miles de puestos de trabajo, pero también como un riesgo de “morir de éxito” si no se controla el coste energético y medioambiental. La infraestructura de estos centros es ya esencial en la economía digital, y su demanda seguirá creciendo en los próximos años.
Dilema entre inversión y regulación
El sector de los centros de datos es uno de los de mayor proyección en el horizonte. En los próximos cinco años, la potencia instalada en el país podría multiplicarse entre cuatro y cinco veces, pasando de los actuales 430 MW a cerca de 2 GW para 2030. España cuenta ya con alrededor de 120 centros de datos, una cifra que, aunque modesta comparada con la de Estados Unidos o ciudades europeas como Frankfurt, Londres, Ámsterdam o París, está atrayendo la atención de grandes compañías internacionales.
El proceso de obtención de permisos y construcción de un nuevo centro de datos suele durar entre tres y cinco años. La patronal del sector, SpainDC, advierte que el nuevo marco normativo que el Gobierno está preparando podría frenar estas previsiones y poner en riesgo los 67.000 millones de euros que se esperan de inversión hasta 2030.
El Real Decreto presentado por el Ejecutivo, que pretende regular tanto los futuros centros de datos como los ya existentes, ha recibido ya 600 alegaciones. Entre los motivos de rechazo destacan la exigencia de que la energía consumida provenga en un 80 % de fuentes renovables con menos de 18 meses de antigüedad al iniciar la operación, y un período de adaptación de seis meses para los centros ya en funcionamiento. Según los representantes del sector, estos requisitos son “prácticamente imposibles de cumplir” y podrían desincentivar la competitividad, provocando la fuga de inversores.
SpainDC subraya que gigantes como Microsoft requieren un marco regulador que ofrezca seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones estables para impulsar inversiones a largo plazo. La directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, denuncia que “no podemos permitir que se nos perciba como el país que cambia las reglas del juego a mitad del partido”.
Los impactos de la regulación se sentirán especialmente en comunidades autónomas como Aragón, Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla‑La Mancha, donde se han planificado algunos de los proyectos más importantes.
Principales objeciones del sector
- Obligación de que el 80 % de la energía provenga de fuentes renovables con menos de 18 meses de antigüedad.
- Plazo de adaptación de seis meses para centros ya operativos.
- Necesidad de instalar sistemas de autoconsumo o firmar contratos a largo plazo con proveedores eléctricos.
- Riesgo de que los requisitos aumenten los costes y reduzcan la competitividad del sector.
Por su parte, el Gobierno insiste en que el crecimiento del sector debe ser ordenado y selectivo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) plantea “escoger los mejores proyectos”, aquellos que ofrezcan mayores beneficios con el menor impacto ambiental y sin incrementar la factura eléctrica. Se destaca la ubicación estratégica de España, su clima y su liderazgo en energías renovables como factores atractivos para los inversores.
Entre las medidas contempladas en el decreto se incluye la obligación de que los centros de datos sean operados por entidades establecidas en la Unión Europea, garantizando que los datos se mantengan en territorio comunitario y estén protegidos bajo la normativa europea.
El Ejecutivo también advierte sobre el riesgo de saturación de las redes eléctricas. Señala que ya se han concedido derechos de acceso y conexión por 12 GW, y que comunidades como Aragón han asignado 3,6 GW a centros de datos, lo que triplicaría su demanda eléctrica. En Madrid, la potencia otorgada asciende a 4,1 GW, duplicando el consumo previsto. Sin medidas de control, España podría enfrentar problemas similares a los observados en Irlanda, EE. UU. y Holanda, donde el crecimiento desordenado de estos centros ha generado tensiones por el suministro de agua, el aumento de la tarifa eléctrica y un fuerte rechazo social.
Mira tambien:
Deja una respuesta