El Gobierno valora como un éxito la movilización por la vivienda y gana peso el adelanto electoral
El reloj avanza y el tiempo de reflexión tras la caída de los dos decretos‑leyes de vivienda se va consumiendo. Pedro Sánchez comunicará sus planes en las próximas horas, posiblemente el lunes, aunque todavía se desconoce su decisión. Un factor que pesará en ella será el seguimiento de las movilizaciones convocadas por el sector de la vivienda a lo largo de este sábado en distintos puntos de España, cuyo alcance y fuerza se están midiendo para determinar si la protesta ha alcanzado la suficiente intensidad como para revertir el clima adverso que dominaba hasta ahora.
La Moncloa se mantiene en hermetismo total, pero dentro del Ejecutivo se considera que el apoyo masivo a las protestas es una señal clara que no convendría desaprovechar. En este contexto, la opción más ventajosa parece ser la convocatoria de elecciones generales, probablemente para el domingo 29 de noviembre. Esa medida no impediría aprobar nuevas iniciativas de vivienda, pues el Gobierno podría presentar un nuevo texto con las Cortes disueltas; el Ejecutivo entraría en funciones el día de los comicios y la composición de la Diputación Permanente, que sustituye al pleno del Congreso cuando hay urnas, favorecería al Gobierno: en el bloque mixto se sienta Podemos y el Gobierno tendría mayoría sin necesidad de Junts, que el viernes, junto con PP y Vox, derribó los dos decretos‑leyes.
Escenario político y posibles elecciones
La decisión última recae en el presidente, quien es el único con toda la información y, por tanto, el único capaz de sopesar oportunidades y riesgos. Las presiones y opiniones de los miembros del Gabinete son coincidentes, aunque ninguno se atreve a aventurar una predicción. En el Ejecutivo y en el PSOE saben que a Sánchez le gusta sorprender, que es un buen estratega y que con él dos más dos no tienen por qué ser cuatro, por lo que no descarta un giro de guion el lunes. Cuando en abril de 2024 compareció ante los medios tras sus cinco días de reflexión, su entorno ya se había hecho a la idea de que podría tirar la toalla tras la imputación a su mujer.
Ningún dirigente ni ministro se atreve a pronunciarse sobre lo que hará el presidente. La historia de 2024 lo ratifica: se quedó al frente del Gobierno contra pronóstico, decidió permanecer “con más fuerza si cabe” y resistir, la marca de la Casa del Rey. En el contexto actual tampoco sería extraño que mantuviera esa postura. La diferencia es que ahora ministros e integrantes de su núcleo duro creen que le conviene convocar elecciones el 29 de noviembre para aprovechar la ola a favor de una izquierda que, durante toda la legislatura, se percibía dormida y deprimida frente a una derecha activa y deseosa de ir a las urnas para desplazar al líder socialista del poder.
Los sindicatos y colectivos de la vivienda han convocado una serie de protestas en las principales ciudades del país. El Sindicato de Inquilinas, motor de las movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen, organizó marchas y una huelga general. La manifestación más multitudinaria se realizó en Madrid, con 70 000 personas según la Delegación del Gobierno (la organización asegura 500 000). Más de 50 marchas se llevaron a cabo a lo largo del sábado y la acampada en la Puerta del Sol sostuvo su séptima noche, resistiendo amenazas de grupos neonazis que gritaban “¡Mrid será la tumba del fascismo!”.
Las manifestaciones son vistas como una señal importante. “Las manifestaciones son muy importantes, sí, y mandan una señal importante. Es un mensaje para todos. Vamos a ver qué decide el presidente. Es verdad que siempre hay riesgo, pero la política cambia a una velocidad vertiginosa”, reflexionó un ministro. Otro integrante del Gabinete añadió: “Para mí, es una oportunidad. Hay que aprovechar que la izquierda está movilizada, pero solo el presidente tiene la responsabilidad. Creo que esta pulsión que estamos viendo sí es suficiente”.
En la dirección socialista y entre algunos responsables territoriales la sensación es la misma: el seguimiento de las manifestaciones de la vivienda, calificadas como un éxito, refuerza la convicción de que lo mejor es ir a elecciones cuanto antes. Retrasarlas hacia diciembre no tendría ventajas, ya que el foco de la vivienda podría languidecer. Si se convocan, las generales serían una contienda dura, con una derecha y ultraderecha muy adelantadas en las encuestas, pero al menos “hay partido”. Para los cargos y militantes del PSOE, una convocatoria temprana significaría contar con un electorado entusiasmado y movilizado.
El presidente ha encargado encuestas internas para evaluar si la protesta se traduce en votos. Los primeros resultados indican que el PSOE “aguanta” (en 2023 obtuvo 121 escaños), el PP perdería apoyos en beneficio de Vox y el electorado de izquierdas se está activando. “Las manifestaciones de este sábado lo van a acabar de convencer”, señaló un interlocutor cercano a Sánchez. “La izquierda despierta”, resumió un secretario de Organización de una federación socialista relevante.
Aunque algunos defienden que este es el mejor contexto posible, también reconocen riesgos. Un miembro de la cúpula federal advirtió que, pese a la movilización, PP y Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta, lo que preocuparía al Gobierno. Por ello, la opción de un adelanto electoral se está valorando en profundidad, considerando que una convocatoria ahora tendría “menos” peligro que una a varios meses.
Se está explorando la posibilidad de recuperar al menos parte de las medidas de vivienda derogadas por los dos decretos‑leyes, buscando un nuevo acuerdo que permita aprobar iniciativas sin necesidad de convalidación parlamentaria o, alternativamente, presentar un nuevo real decreto‑ley con las Cortes disueltas. Sumar, por su parte, exige la aprobación mensual de decretos‑leyes con las medidas caídas, argumentando que volver a lanzar el mismo texto después de su anulación sería un “fraude de ley”.
Otra alternativa contemplada es que el lunes Sánchez convoque elecciones y simultáneamente anuncie la aprobación de un nuevo real decreto‑ley. Con las Cortes ya disueltas, este texto tendría que ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, compuesta por 68 diputados más la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. La composición – 27 del PP, 25 del PSOE (incluida Armengol), 6 de Vox, 6 de Sumar, y uno cada uno de ERC, Junts, Bildu, PNV y el Mixto (Ione Belarra de Podemos) – favorece al Ejecutivo, pues la izquierda más el PNV sumarían 35 diputados frente a los 34 del PP, Vox y los posconvergentes.
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado que la huelga general será “pronto” y ha declarado: “Ahora empieza la legislatura de la vivienda”. Un dirigente veterano, con buen oído a la Moncloa, afirma que “la opinión mayoritaria considera que a esta legislatura no se la puede arañar más”. Existe un relato que impulsa la convocatoria de elecciones; sin él, la alternativa de aguantar resultaría menos atractiva. Sánchez necesita salvar su imagen en las urnas para que, aun perdiendo, su aura no desaparezca por completo. El riesgo de perder el poder sigue siendo el principal inhibidor.
Mientras tanto, la Moncloa guarda extremo silencio y no quiere dar pistas ni lanzar señales. La última orientación la dio el viernes el propio Sánchez, cuando intervino al final del debate de los dos decretos‑ley y lanzó a la banca de PP y Junts el mensaje: “Hagan lo correcto, porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”. Ahora habrá que esperar al lunes para saber si ese “antes de lo que creen” se traduce en elecciones el 29 de noviembre, en una fecha más lejana o si se mantiene el plan inicial de generales en 2027, antes o después de las municipales y autonómicas de mayo.
El domingo 4 de octubre se ha programado una primera reunión telemática a las 12.30 h entre ministros y representantes de los partidos que forman parte del Gobierno en el espacio de Sumar, con el objetivo de analizar la situación política y valorar los próximos pasos. El lunes, a las 10.30 h, habrá una segunda reunión más amplia, convocada a todos los partidos del grupo parlamentario junto con ministros del Gobierno; la ubicación se confirmará próximamente. Tras esta segunda reunión se espera una comparecencia pública, cuyo formato y participantes se concretarán más adelante.
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